Los problemas judiciales de Rafael Blasco, exconseller en varios gobiernos de la Generalitat con el PP, no se han acabado. En libertad pese a haber sido condenado a 8 años de prisión por fraude en las subvenciones, la jueza del caso Cooperación estrecha el cerco sobre el que fuera oráculo de la derecha valenciana.
La magistrada Nieves Molina ha llamado a declarar a 22 testigos en relación con el supuesto robo de ayudas destinadas a Haití y perpetrado en el gobierno valenciano . Blasco y varios exaltos cargos de su conselleria, están imputados. Son sospechosos de haber desviado al menos 175.000 euros destinados a la construcción de un hospital tras el terremoto que de enero de 2010, en el que fallecieron 350.000 personas y otro millón y medio perdió su vivienda.
El hospital, que se presupuestó en cuatro millones de euros, nunca se hizo. La apertura de la investigación y el consiguiente escándalo político-mediático paralizó la inversión. De entrada, la jueza investiga si esos 175.000 euros, entregados a la Fundación Hemisferio, lucraron a los supuestos integrantes de la trama en vez de dedicarse al diseño del proyecto al que teóricamente iban destinados.
El embrollo del caso Cooperación
Esta investigación es una más del Caso Cooperación, el multimillonario desfalco entre 2008 y 2011 de ayudas de la Generalitat dedicado a los países en desarrollo. La primera rama del caso (pieza, en la jerga judicial) se saldó con la condena de Blasco, en libertad tras pagar 200.000 euros de fianza a la espera de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
La tercera vertiente del caso se centra en otras ayudas a diferentes ong, que también están siendo escrutadas. En su día, el PSPV y Compromís denunciaron la creación de un entramado de entidades creadas ad hoc para apropiarse de las ayudas de la Generalitat a la cooperación. Y la investigación policial y judicial ve indicios de delito en el asunto.