José Luis Vera, exdirector jurídico de la empresa pública Imelsa, ha confirmado el “funcionamiento muy deficiente” del 'call center' supuestamente amañado por la trama del 'caso Taula'. Así se ha referido, durante su declaración como testigo en el juicio por la pieza separada D del 'caso Taula', al servicio de atención telefónica en materia de gestión tributaria que adjudicó la firma pública de la Diputación de Valencia a la empresa Servimun.
La exdirectora de personal de Imelsa, María Escrihuela, advirtió a Vera en agosto de 2015, a cuatro meses de que acabara el contrato del 'call center' de que se estaban produciendo un “montón de incumplimientos” por parte de la empresa Servimun, adjudicataria del servicio.
El testigo, uno de los principales investigados en el 'caso Azud', ha confirmado que “no se dio formación” a los trabajadores por parte de la empresa adjudicataria sino por “técnicos propios” de la Diputación. El informe de Vera sobre el funcionamiento del 'call center' concluyó que la empresa “incumple total y absolutamente el pliego y las mejoras de formación” que había incluido en su oferta a la licitación.
“La gran sorpresa de estudiar este tema es la escasa o nula realización de todos los compromisos adquiridos”, ha dicho Vera, quien también ha asegurado que la empresa no puso en marcha ninguna de las mejoras que había ofrecido y que le permitieron ganar el concurso. De hecho, la teleoperadora M. B. ha confirmado la escasa formación de la firma a los empleados.
El testigo accedió al puesto de director jurídico de la firma pública tras el cambio de gobierno en la Diputación de Valencia con la misión de auditar las cuentas del 2014, que la empresa encargada de supervisarlas se había negado a validar. Todo ello en el contexto de la investigación, entonces secreta, de la trama. “El 'caso Taula', que entonces era la causa Imelsa, estaba permanentemente en los medios de comunicación, incluso con titulares de Imelsa como organización criminal”, ha relatado.
Con el bloqueo de las cuentas, el consejo de administración de Imelsa “se queda paralizado”, ha dicho. Así, Vera encargó un informe de auditoría forense con una empresa que nunca había trabajado para Imelsa ni para la Diputación de Valencia. Durante todo un fin de semana y con la “presencia permanente” de un notario, se realizó una “copia espejo” del servidor de la empresa pública y de algunos ordenadores.
El acusado Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent (autodenominado 'yonqui del dinero' y gerente de Imelsa), cobró hasta el 15% del precio del contrato a la adjudicataria a través de una firma pantalla a nombre de su cuñada. El contrato finalizaba el 31 de diciembre del 2015, aunque cabía la posibilidad de prorrogarlo. López, según ha declarado el testigo, se dedicó a intentar convencer a algunos responsables de la institución provincial de la conveniencia de prorrogar el contrato.
“Todo el mundo estaba callado por miedo”
Vera consultó con el gabinete del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y con miembros del consejo de administración y se topó con una “situación extraña”. “Me vienen a decir que tuviera cuidado porque Mariano estaba colaborando con la Fiscalía”, ha asegurado. El testigo ha explicado que, en aquel entonces, con la causa todavía secreta, existía el peligro de que las pesquisas afectaran a otros partidos, más allá del PP de Alfonso Rus.
“Este señor trataba de ser una especie de interlocutor entre lo que investigaba la Fiscalía y ellos mismos”, ha dicho Vera en referencia a los nuevos responsables de la Diputación de Valencia. Con meses de antelación, el director jurídico de Imelsa remitió una carta a Servimun advirtiendo de que no se iba a renovar el contrato. Aunque, a través de trabajadores del 'call center', se enteró de que la empresa sostenía que se estaba negociando “a otros niveles”. De hecho, el actual presidente de la institución provincial, Toni Gaspar, relató en su declaración como testigo la incómoda llamada que recibió de Mariano López.
Cuando Vera planteó la posibilidad de no prorrogar el contrato, entendió que “había un temor a la propia reacción de Mariano por una supuesta relación con la Fiscalía, que no era cierta”. “Me di cuenta de que era un tema muy sensible y candente, todo el mundo estaba callado por miedo”, ha abundado el testigo.
En la sesión de este lunes, también ha declarado Jorge C., funcionario de la Diputación de Valencia y miembro de la mesa de contratación que adjudicó a Servimun el contrato. El testigo ha asegurado que se fio del criterio de los otros componentes de la mesa de adjudicación, entre ellos los acusados Ricardo de Ángel Marí y Salvador Deusa. El hombre ha negado que la contratación fuera un “paripé”. “A veces he pensado que, si hubo algo, fui un idiota porque no me dí cuenta de nada, para mí fue un proceso de lo más limpio, pero esa era mi apreciación”, ha contestado a preguntas de una de las defensas. También ha negado haber recibido algún tipo de presión.
Domingo L., contratado como consultor para analizar el funcionamiento del servicio, ha asegurado que nunca tuvo claro quién ejercía de “líder del proyecto”. el consultor detectó una “insuficiencia y obsolescencia” de la infraestructura tecnológica del 'call center', cuyo material aportaba Imelsa. El testigo ha asegurado que se trataba de una “aplicación muy obsoleta” con un formulario “infumable”. Eso sí, tras las reuniones que mantuvo con los responsables del servicio, concluyó que el cal center' “mejoraba en lo paliativo más que en lo estructural”.