Rafael Blasco, señalado por las adjudicaciones del 'modelo Cotino'
Los tribunales archivaron la investigación sobre los negocios de los imputados en 'Gürtel' Vicente Cotino -sobrino del expresident de les Corts, Juan Cotino- y Enrique Ortiz en el sector de las residencias durante la etapa del PP. Pero las Corts Valencianes no se quedaron atrás. Crearon una comisión de investigación que intenta esclarecer si hubo irregularidades con la aplicación del llamado 'modelo Cotino'. Y si su implementación benefició a determinados empresarios.
Según informa Europa Press, en las comparecencias de este lunes el gran señalado ha sido el exconseller y preso por desviar a la compra de pisos en Valencia ayudas destinadas al tercer mundo, Rafael Blasco, que impulsó el modelo bajo sospecha. “Los criterios de valoración para la adjudicación de los contratos de residencias los fijan los órganos de carácter directivo”, ha expresado la exjefe del servicio de contratación y asuntos generales de la Generalitat, María José Cervera.
“El conseller correspondiente [en referencia a Blasco], que aprobó un contrato valorado en 500 millones de euros para construir 73 residencias para mayores y dependientes con 9.000 plazas, era quien suscribía el pliego”, ha apuntado, para asegurar: “El pliego de condiciones vino dado. Nos llegó el acuerdo del Consell”.
Vicente Talens, exjefe del servicio jurídico de Bienestar Social, ha ido más allá. Talens ha calificado la adjudicación de estas plazas al Grupo Savia -formado por una decena de empresas con las implicadas en 'Gürtel' Lubasa, Sedesa (del sobrino de Juan Cotino) y Enrique Ortiz, presunto cabecilla de 'Brugal'- como “la joya de la corona”. Y ha criticado las prisas para que se tramitaran las concesiones: “Nos pidieron un informe sobre el pliego de condiciones para el concurso en un día. Y si te piden que lo hagas con urgencia, lo haces rápidamente. Con ello, no ves defectos que, de forma sosegada, sí verías”.
Talens también ha sembrado dudas sobre la ampliación de plazas que aprobó Blasco. “Lo normal era hacer un contrato con un tercio de las plazas para la Generalitat. Pero si tenemos en cuenta el volumen del contrato, lo normal es que se ampliaran las plazas, aunque no un cien por cien. Y más en las fechas en las que ocurrió,: en 2001 todos éramos ricos, pero en 2007 todos empezábamos a ser pobres. Es raro”, ha explicado.
El exjefe del servicio jurídico, además, ha negado que hubiera “presiones” a los funcionarios. Pero ha dicho que fueron “más sibilinos, ya que si los responsables de la conselleria no estaban a gusto con estos funcionarios o al revés, dejaban ese cargo”. Carmen Olmos, miembro de la mesa de contratación, ha negado que recibieran indicaciones de cargos superiores y ha asegurado que el órgano contratista “no pretendía favorecer a nadie”.
