El exportavoz socialista en las Corts Valencianes y abogado en el 'caso Azud', Manolo Mata, ha denunciado ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realiza “investigaciones prospectivas” que están “expresamente vedadas” por ley. “Lamentablemente, las estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana desde 2016”, asegura en un escrito dirigido al juzgado en el que ahonda en la línea argumental que el penalista ha mantenido en el reciente juicio del 'caso Alquería'.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la pieza separada 7 del 'caso Azud', relativa a la presunta financiación en B de las campañas electorales del 2007 y 2008 del PSPV-PSOE, incluía una breve referencia al letrado Manolo Mata. Una conversación de WhatsApp entre José María Cataluña, extesorero del PSPV, y el empresario Enrique Gimeno, en la que se hace referencia al abogado y exportavoz socialista y que ha dado munición al PP valenciano, a su vez implicado de lleno en el 'caso Azud'.
La UCO reseña una conversación de WhatsApp mantenida el 25 de noviembre de 2016 entre José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE, y el empresario Enrique Gimeno, ambos imputados en la causa. En el mensaje, extraído del iPhone 7 intervenido a Cataluña en el registro de su vivienda en Gilet, el empresario le dice al exdirigente socialista: “El contacto es Manolo Mata”. Su interlocutor responde en valenciano: “S'ha oferit ell a buscar. No tanqueu res. Ja he parlat amb el jefe (Se ha ofrecido él a buscar. No cerréis nada. Ya he hablado con el jefe)”.
En una nota a pie de página, los investigadores del instituto armado señalan que la conversación se refiere al exportavoz socialista. “Jamás en mi vida he hablado o he comunicado con el Sr. Gimeno” a pesar de que en sus siete años al frente del grupo parlamentario socialista ha tenido “oportunidad de hablar con la inmensa mayoría de empresarios importantes de la Comunidad Valenciana”, indica Mata en su escrito. Además, según abunda el letrado, la UCO lo sabe “ya que ha accedido a sus teléfonos y ordenadores”.
Manolo Mata ha aportado el “contexto” de la conversación entre Gimeno y Cataluña. El empresario tenía “mucho interés personal en averiguar si en la Comunidad Valenciana se iba a eliminar el impuesto de sucesiones”, en unas fechas en las que se debatía la Ley de Acompañamiento del segundo presupuesto del Gobierno del Pacte del Botànic. A pesar de que “jamás” fue contactado por Gimeno, el letrado señala que Cataluña “probablemente” le preguntó por la cuestión “dado que determinadas organizaciones [empresariales] le preguntaban por ello”.
Así, Mata pide a la jueza instructora que le entregue de manera “urgente” el texto íntegro de la conversación “para poderlo hacer público en aras a frenar el daño al honor que a tantas personas se le está haciendo”. El abogado lamenta “el irremediable daño que se está haciendo a mi persona, al partido en el que milito, al gobierno valenciano y a la política democrática en general”.
“Instrucciones desbocadas”
Además, el escrito también se refiere a uno de los autos de prórroga del secreto de sumario de la pieza 7 del 'caso Azud' en el que la instructora adjudica a Mata “un cargo” en el PSPV en las fechas en las que se produjo la conversación y recuerda que, por el contrario, no fue “hasta año y medio después” cuando fue nombrado vicesecretario general de los socialistas valencianos.
El letrado, que ejerce la defensa del empresario Jaime Febrer, también desvela que la UCO ha usado en los últimos registros del 'caso Azud' términos de búsqueda en ordenadores y teléfonos móviles “relacionados con personas ajenas a lo que se investigaba”. En la lista de términos, de la que “casualmente” ha tenido conocimiento, se incluyen el nombre del abogado y de la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, y la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira.
Mata enmarca la actuación de la UCO en “instrucciones desbocadas” que permiten acceder a “toda la vida digital de centenares de personas y de decenas de empresas”, algunas que causa un “daño sin remedio”, concluye el letrado.