Tras el debate de las cuestiones previas, las sesiones más jugosas del juicio del 'caso Alquería, que juzga las presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación de Valencia, arrancan este semana con la declaración del principal acusado, el expresidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez. El acusado, que dimitió tras su detención y revalidó la alcaldía de Ontinyent con una nueva marca electoral después de salir del PSPV-PSOE, sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, que ejerce la letrada Ángela Coquillat. Así, Rodríguez ha apuntado al entonces jefe jurídico, José Luis Vera, actualmente investigado en la causa del 'caso Azud'.
El expresidente de la Diputación de Valencia ha declarado que oyó hablar por primera vez del concepto de contrato de alta dirección a Vera, que “decía que era el más ventajoso para la empresa”. Rodríguez también ha descrito la “situación complicada” a su llegada a la presidencia de la institución provincial en 2015, en plena resaca de las detenciones del 'caso Taula' y con la empresa pública como epicentro de la presunta trama de corrupción.
“Cuando llegamos allí está presente la UCO y la Intervención General del Estado”, ha recordado Jorge Rodríguez, quien ha reconocido que ante la “situación extrema” que se vivía en la empresa pública, los nuevos responsables de la Diputación de Valencia desconfiaban hasta de los técnicos. Ante una firma pública “oscura”, sin las cuentas aprobadas y con “muchísima incertidumbre”, los gerentes deciden crear, con el aval de Vera, siete grande áreas de alta dirección.
Rodríguez, a pesar de la desconfianza, optó por “no entrar como elefante en cacharrería” y “dar una oportunidad a mucha gente que desconocíamos cómo trabajaba”, dando continuidad a la firma pública. El acusado ha declarado que no conocía inicialmente a los dos denunciantes del 'caso Alquería', el director económico de la empresa pública, José Luis Castellote, y el responsable del departamento jurídico, José Luis Pellicer. Rodriguez ha relatado que ambos formaban parte del equipo de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y uno de los principales protagonistas del 'caso Taula', y que descubrieron que Pellicer había sido “colocado a dedo” y que ambos cobraban “nóminas VIP”, con unos excepcionales pluses por productividad.
El expresidente de la institución provincial ha defendido la legalidad de las contrataciones de alta dirección y ha asegurado que nunca recomendó a nadie para los puestos, sólo buscaba “personas formadas y con ganas de trabajar”. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera que se trata de abultados contratos prácticamente a dedo para cargos de Compromís y del PSPV-PSOE.
Durante la declaración de Rodriguez han aflorado antiguos ajustes de cuentas de los primeros años de gestión en la Diputación de Valencia. Sobre el correo electrónico de Víctor Sahuquillo, gerente de la empresa pública, en el que le advertía de que los seleccionados no estaban cumpliendo con sus “labores de alta dirección”, Rodríguez se ha escudado en que los informes que le remitía por e-mail el entonces gerente eran tan farragosos (“muy largos y bastante densos”) que ni siquiera los leía; se limitaba a contactar telefónicamente con Sahuquillo para que le resumiera su visión.
Así, Jorge Rodríguez ha expuesto la situación interna de la empresa pública: Sahuquillo no compartía el modelo de “cogobernanza” entre el PSPV-PSOE y Compromís en la firma y “quería ir estableciendo líneas” de trabajo mientras que Agustina Brines (entonces cogerente y también acusada) y Vera “trabajaban en la limpieza del terreno”. Una “empresa a dos velocidades” en la que “no hay buena relación” entre Sahuquillo, Brines y Vera.
Para ilustrar la situación —y para hilaridad del público presente en la sala Tirant II de la Ciudad de la Justicia—, Rodríguez ha recordado las palabra de Vera sobre Sahuquillo en uno de los correos electrónicos: “Es tan mamarracho que no vale ni para gestionar un puesto de castañas”.
El expresidente de la Diputación de Valencia también ha deslizado que “Vera decía que tenía contacto habitual” con el fiscal del 'caso Taula', Pablo Ponce, que también ejerce la acusación pública también en Alquería. “Vera nunca me dijo que era un delito, ni siquiera tuve yo ningún tipo de percepción de que hubiera alguna irregularidad administrativa”, ha abundado Rodríguez.