El Partido Popular de la provincia de Alicante se financió durante los años 2017 y 2018 con fondos públicos de su grupo político en la Diputación de Alicante pese a que la normativa de la institución provincial prohíbe que esta asignación se destine a abonar gastos ordinarios del partido. Así lo reconoce la gerente del PP alicantino, Yolanda Murcia, en un escrito adelantado por el diario Información y al que ha tenido acceso eldiario.es. El diputado provincial de Compromís, Gerard Fullana, ha llevado la presunta irregularidad al juzgado.
El presidente de la Diputación de Alicante en esos dos años y también líder del grupo popular era César Sánchez, que en ese tiempo ostentaba el máximo cargo de Transparencia en la ejecutiva de Pablo Casado. Sánchez es ahora diputado en el Congreso, fue número uno por Alicante a las elecciones y tiene responsabilidades en la dirección como secretario ejecutivo de Marketing Electoral, un cargo de vital importancia por debajo de los vicesecretarios.
Compromís ha presentado un contencioso-administrativo que podría acabar en un proceso penal ante la negativa del PP de Alicante de presentar la justificaciones de los gastos del dinero desviado de la Diputación de Alicante. De hecho, el actual presidente de la institución provincial con los apoyos del PP y Ciudadanos, Carlos Mazón, ha cambiado la forma con que se deben controlar estos gastos de los grupos, lo que impide que ese dinero público se utilice de manera inadecuada.
Según la denuncia de la coalición valencianista, César Sánchez llevó a cabo una financiación “encubierta” de su partido con los fondos que se otorgan a los grupos políticos de la diputación alicantina. De hecho, cuando llegó a la institución quintuplicó los recursos para los grupos políticos según representación, al pasar de 105.000 euros a 518.000 anuales.
El PP acabó el mandato anterior sin aclarar en qué se gastó el medio millón de euros de la asignación al grupo provincial en la legislatura. De ese montante, la gerente reconoció que 251.623 euros fueron a parar a pagar gastos ordinarios del partido, algo que prohíbe expresamente la legislación de la Diputación de Alicante. El ente solo permite abonar actuaciones conjuntas entre los partidos y los grupos políticos y con la obligación de certificar esos pagos y su destino. Compromís considera también irregulares transferencias por valor de 195.167 euros gastada en los años 2015 y 2016 y sospecha que el dinero se podría haber destinado a campañas electorales.
Pero la actuación de César Sánchez no solo vulnera la normativa provincial en lo que podría ser una presunta malversación de fondos públicos, sino que se salta el código ético del PP. La normativa del PP tras el escándalo Gürtel obliga a justificar todos los ingresos del partido, tengan la procedencia que tengan. En este caso, César Sánchez se negó a acreditar las cuentas a la Intervención de la Diputación de Alicante, al pleno y a los demás grupos políticos.
El único informe realizado para acreditar los 251.623 euros utilizados para financiar el partido es un escrito del actual presidente del PP alicantino, Eduardo Dolón. Pero sus afirmaciones contradicen los escritos presentados por la gerente en los años 2017 y 2018.