Con tímidos aplausos de la bancada de su propio partido, su antecesor, Francisco Camps, leyendo en su escaño y entre claras muestras de escepticismo de la oposición. Así han transcurrido los eternos 98 minutos de discurso de Alberto Fabra en uno de los días señalados del parlamento valenciano, el debate de política general.
El presidente valenciano ha intentado echar el resto: promete una rebaja retroactiva del IRPF autonómico –se aplicará ya en 2014-, planes para crear 200.000 empleos entre los jóvenes, los mayores de 45 años y los parados de larga duración con inversión de más de 1.000 millones de euros y hasta propuestas de mejora de la democracia.
Su decálogo de regeneración ética de la política también es ambicioso: prevé reducir diputados en el parlamento valenciano (de 99 a 79), eliminar el aforamiento de todo el gobierno autonómico o abrir las Corts Valencianes a la sociedad mediante una comisión de participación ciudadana. Se reducirán, además, a 25.000, el número de firmas mínimo para presentar una iniciativa legislativa popular en el parlamento.
Con independencia de su viabilidad o conveniencia, el problema es que nadie se cree a Fabra. Ni gran parte de su propio partido, que lo da por amortizado. Las pruebas son contundentes. La rebaja de impuestos obvia que la Generalitat está en quiebra y gasta un 30% más de lo que ingresa pese a durísimos recortes.
Los colegios tantas veces prometidos nunca llegan y los proveedores, a los que se adeudan miles de millones, sólo cobran gracias a los rescates del gobierno central. Como Madrid pasa de Fabra y no mejorará la financiación valenciana, ¿Cómo va a pagar la Generalitat los planes de empleo anunciados a pesar de su elevadísimo paro?
Las promesas de regeneración democrática tampoco parecen muy fiables. La reducción de diputados es inviable porque necesita, legalmente, el apoyo de la oposición, que la ve innecesaria y demagógica. Y abrir el parlamento a la sociedad cuando Fabra no ha recibido a las víctimas del accidente del metro, no parece muy coherente.
La rebaja en el número de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular parece una medida de corto recorrido: se acaban de presentar 89.000 (64.000 más de las que serían necesarias en el futuro) para reabrir Canal 9 y el PP ya ha dicho que no hay nada que hacer. Y, por si fuera poco, Fabra no ha movido ficha para desalojar a Sonia Castedo de la alcaldía de Alicante pese a que está imputada en dos casos de corrupción, aunque es verdad que casi ha limpiado el grupo popular de imputados.
Camps, a su aire con las artes liberales
Fabra ha dicho hoy, en un discurso que casi parecía de investidura pese a que la legislatura acaba en pocos meses, que él, con el PP, le “ha dado la vuelta la situación” tras pasar “momentos difíciles”. Este es un análisis “realista, objetivo y riguroso”, ha dicho.
A juzgar por sus aplausos, ni siquiera el grupo popular –aún escocido por el último escándalo valenciano, el de Feria Valencia- parecía creerle. A Camps parecía que ni le importaba la opinión de su sucesor: leía en su escaño un texto sobre las artes liberales mientras, Fabra, a la desperada, peroraba.