La Generalitat gastará más de 100 millones de euros en indemnizaciones y salarios para evitar que Canal 9 sea un foco de conflicto hasta las elecciones autonómicas de 2015. A las 01.48 horas del sábado, tras una negociación eterna, los representantes de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y el comité de empresa llegaron a un preacuerdo para el despido de todos los 1.608 trabajadores de la cadena excepto algunas decenas, que serán recolocados.
RTVV se compromete a indemnizar a la plantilla con 86,1 millones de euros. Todos los empleados recibirán 35 días de sueldo por año de trabajo con un máximo de 30 meses de salarios. También habrá pagos lineales para todos los trabajadores, de entre 5.000 y 11.000 euros dependiendo de su edad y retribución anual. La empresa, en resumen, ha atendido casi íntegramente la última oferta del comité de empresa.
El pacto deberá ser ratificado ahora por todos los trabajadores del ente en una asamblea. Aunque algunos empleados de la cadena se muestran contrarios a pactar el cierre, el aval sindical al acuerdo prevé la aprobación del mismo. Se da por hecho que la Generalitat ratificará el consenso alcanzado por los liquidadores y el comité de empresa. De cumplirse estas premisas, el acuerdo estaría blindado. Es decir, sería casi imposible de tumbar en un juzgado, la obsesión del PP, que quiere cerrar este capítulo lo antes posible.
De hecho, el gobierno valenciano pagará mejor los despidos en la televisión que en el resto de empresas públicas donde ha habido reducciones de personal. El primer ERE de Canal 9, anulado por los tribunales, pagó indemnizaciones de 20 días. Fuentes sindicales aseguran que, ahora, RTVV pagará indemnizaciones de 40 días, sumando los 35 días pactados y los pagos lineales. De media, cada trabajador recibirá más de 50.000 euros de indemnización y, en caso de reapertura de la cadena en los próximos 3 años, los trabajadores despedidos tendrán prioridad para recolocarse.
Salarios por no trabajar
Además de los 86 millones en indemnizaciones, la Generalitat gastará cerca de 30 millones en salarios de profesionales a los que se impide desempeñar su trabajo. Desde el chapucero fundido a negro de la emisión, el 29 de noviembre, la inmensa mayoría de la plantilla está de permiso retribuido. No trabaja pero cobra su sueldo íntegro.
De cerrarse el preacuerdo, éste deberá contar con el informe de la Inspección de Trabajo (dos semanas más) y, posteriormente, ejecutarse, lo que podría suceder durante mayo. Es muy probable que el permiso retribuido de los trabajadores de Canal 9 haya durado 6 meses. Otra peculiaridad en el cierre de la televisión valenciana, que solo en 2014 le costará 200 millones de euros a una administración que bordea la quiebra.