Este martes, 31 de diciembre de 2019, es el último día que los usuarios de la autopista valenciana de peaje (AP-7), que recorre el territorio de norte a sur, deberán pagar por hacer uso de esta vía rápida. A partir del 1 de enero, después de casi medio siglo de privatización y años de reivindicaciones, la autopista -al igual que sucede con la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y tal y como sucedió hace un año con la AP-1 entre Burgos y Armiñón- dependerá del Estado tras finalizar la concesión que tenía Abertis.
Se trata de más de 370 kilómetros -entre los tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante- que registran un volumen de tráfico diario superior a los 20.000 vehículos, una densidad que alcanza los 36.000 usuarios diarios en época estival, según los datos del Ministerio de Fomento. Precisamente, será el departamento que dirige en funciones el valenciano José Luis Ábalos el que se hará cargo del mantenimiento de la autopista a partir de este miércoles.
Además de hacerse cargo de su mantenimiento a partir de ahora, Fomento se ha comprometido a invertir 326 millones en una decena de conexiones y acondicionamientos en el tramo de la AP-7 rescatado, unas actuaciones que entre otras cuestiones tendrán que facilitar su uso desde localidades situadas en comarcas prácticamente aisladas por cualquier otro medio de transporte, como La Safor, La Marina Alta o La Marina Baixa.
Después de la liberalización, el Ministerio prevé un aumento del tráfico en la AP-7 próximo al 30, tal y como reconocía Ábalos en una entrevista concedida al diario Levante-EMV el pasado domingo en base a la experiencia de lo sucedido con la AP-1. Además de este incremento, que el ministro en funciones considera que es “absorbible”, destaca que en la autopista liberada hace algo más de un año también ha bajado el nivel de siniestralidad “considerablemente”, por lo que apuntaba que la eliminación del peaje “contribuye mucho a la seguridad”.
No toda la Comunitat Valenciana queda libre de peajes
Quienes, de momento, no se beneficiaran del desmantelamiento de los peajes son los usuarios de esta autopista en el tramo entre Alicante y Cartagena, los únicos valencianos que todavía deberán pagar para recorrer los 76,6 kilómetros que unen la ciudad murciana y el enlace con la A-7 a la altura de Crevillent. Este tramo tiene un coste para los vehículos que oscila entre los 2,20 y los 3,95 euros con la obligación de pasar dos peajes en apenas 10 kilómetros (Los Montesinos y la Zenia). Esta concesión, que explota Ausur desde el 1 de diciembre de 1998, no finaliza hasta 2048. La alternativa a la vía de pago es la colapsada N-332 que recorre de forma paralela la comarca de la Vega Baja.
Por el contrario, quienes han mostrado su satisfacción con la decisión del Ejecutivo son los transportistas, que calculan un ahorro de entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo (en rutas de proximidad) tras el levantamiento definitivo de las barreras en la AP-7.
1.249 millones de beneficio en 13 años
Abertis, la empresa que explota las autopistas que ahoran ven como finaliza su concesión (AP-7 y AP-4) ha obtenido unos beneficios de 1.249 millones de euros en el periodo entre 2006 y 2018 (no se incluye el ejercicio 2019, que todavía no está contabilizado pero que podría rondar los 150 millones de euros). Este periodo corresponde a la última prórroga firmada en 1997 por el Gobierno de José María Aznar y auspiciada por el entonces president de la Generalitat, Eduardo Zaplana.