Los casi 850.000 euros que gastó la empresa pública de la Diputación de Valencia, bajo el mandato del popular Alfonso Rus, en la adjudicación del 'call center' de gestión tributaria “los hemos tirado por la alcantarilla”. Así lo ha afirmado el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, durante su exposición de sus conclusiones en el juicio por la pieza separada D del 'caso Taula' en el que se sientan en el banquillo el expresidente de la Diputación de Valencia; Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y su exsuegro, el empresario Mariano López, que cobró casi 200.000 euros de la firma adjudicataria a través de una empresa pantalla a nombre de su cuñada. “Nos hemos gastado un montón de dinero que no ha servido para nada”, ha agregado el representante del Ministerio Público.
El fiscal ha rebajado su petición de pena para Mariano López de 13 a siete años y tres meses de prisión y a su mujer y su cuñada, acusadas por el presunto delito de blanqueo, de cinco a tres años de cárcel.
El representante de Anticorrupción ha retratado el amaño de la adjudicación del 'call center': “Esto es un regalo o favor que le hace Rus a Mariano López”, ha dicho Pablo Ponce, quien ha recordado que ambos eran “amigos”. El expresidente de la Diputación de Valencia ordenó al 'yonqui del dinero' que pusiera “en marcha la maquinaria” para “arreglar” el contrato y que fuera adjudicado a la empresa Servimun, según el relato del Ministerio Fiscal.
Pablo Ponce ha incidido especialmente en la mesa de contratación que adjudicó el servicio a la empresa: “No sirve absolutamente para nada, todo está pergeñado para que no hubiera problema”. También ha destacado que “lo que venía amañado eran los pliegos”. Todo ello tras el “favor” que le pidió Mariano López a Rus.
Al inicio de la investigación del 'caso Taula', Anticorrupción desconocía esta subtrama. Sin embargo, en sus primeras declaraciones como arrepentido, Marcos Benavent desveló el presunto amaño del contrato. Sin embargo, en el juicio —el tercero del 'caso Taula'— la Fiscalía “únicamente” aporta aquello que las pesquisas han podido comprobar al margen de la declaración del 'yonqui del dinero', que actualmente reniega de su colaboración inicial con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Anticorrupción.
El fiscal ha situado a Alfonso Rus, para quien pide ocho años de cárcel, a la cabeza de la presunta trama con el “control” específico que ejercía el expresidente de la institución provincial de la empresa pública Imelsa, en la que nombró gerente a Benavent. También ha destacado que la encomienda de gestión de la Diputación a Imelsa fue declarada nula de pleno derecho y “manifiestamente ilegal”, según una sentencia. “El que domina de pleno todo el proceso es Alfonso Rus”, ha abundado Pablo Ponce.
El representante del Ministerio Público considera que Servimun “tampoco era una empresa” ya que “carecía de medios materiales, técnicos y personales” para prestar el servicio de asistencia telefónica. Además, sólo prestó las teleoperadoras, “todo lo demás lo hizo o bien técnicos de la Diputación o de Imelsa”, ha agregado.
También ha destacado la “conjunción de voluntades” de los funcionarios acusados Ricardo de Ángel Marí y Salvador Deusa, éste último “amigo íntimo” de Mariano López. El fiscal anticorrupción ha abundado en el hecho de que Deusa se encargó de elaborar los pliegos técnicos y administrativos y, al mismo tiempo, de calificar la solvencia técnica y económica de la empresa Servimun.
Pablo Ponce ha tildado de “amañadores” de contratos a los principales acusados. “Hacen esto porque sabían que nadie les iba a controlar”, ha afirmado. Sin el papel de Deusa, “es imposible que no hubiese sido seleccionada otra empresa que no fuera la de su amigo Mariano López”. Para ello, trataron de “dar apariencia de legalidad a la mesa de contratación”, ha argumentado.
La empresa no implementó las 14 mejoras que propuso: “Da hasta vergüenza relatarlas”, ha dicho. Si bien proponía de 12.000 a 16.000 horas de formación, “no dieron ninguna”, ha apostillado. “La formación que dan es tan escasa que da vergüenza decir que sea formación, apenas una semana”, según Pablo Ponce.
Anticorrupción también sostiene que la empresa se convirtió en una “bolsa de trabajo para personas afines”, tales como el hijo de Mariano López o “amigos” del acusado Ricardo de Ángel Marí. Además, el balance del 'call center' también resulta llamativo: de las 355.000 llamadas que ofertaron, sólo reciben 264.000 y se atienden únicamente 169.000.
Fondos en efectivo para la empresa pantalla
Sobre la presunta operativa de blanqueo a través de la empresa Técnicas Legales Administrativas, a nombre de la cuñada de Mariano López, el fiscal ha recordado que la firma “pantalla” carecía de trabajadores, de proveedores y de actividad mercantil alguna. Sus ingresos coinciden con la facturación inicial de Servimun y mueve sus fondos —“extrañamente para una sociedad”— en efectivo.
“La empresa pantalla es, efectivamente, controlada por Mariano López que quiere ocultar el origen ilícito del dinero y se lleva casi 200.000 euros”, ha afirmado el representante del Ministerio Público. “La esencia del delito del blanqueo es precisamente la ocultación”, ha recordado el fiscal anticorrupción.