“No se atendían todas las llamadas. Yo lo advertí: era imposible atender todas las llamadas en el tiempo que se pretendía, es decir, tres minutos”. Así ha descrito Ana T. M., trabajadora de la empresa adjudicataria del 'call center' de la Diputación de Valencia la prestación del servicio, durante su declaración como testigo en el juicio por la pieza separada D del 'caso Taula'. El servicio, adjudicado en 2013 y finalizado dos años después, estuvo amañado, según la tesis de la acusación pública. Hasta el punto de que habría dejado miles de llamadas sin atender y de que el empresario Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', cobró 158.833 euros de Servimun, la firma que obtuvo el contrato a través de una mercantil a nombre de su cuñada.
La testigo fue contratada por la empresa Servimun y, además de ejercer como teleoperadora, impartió una “formación inicial” al resto de empleado de apenas “una mañana”. La mujer también ha reconocido que el 'call center' no atendía por las tardes ni los sábados. “En total éramos ocho y creo que más adelante entró un chico”, ha afirmado a preguntas del fiscal anticorrupción, Pablo Ponce. El representante del Ministerio Público le ha leído una lista de trabajadores teóricamente empleados por la adjudicataria de la que más de la mitad no ha reconocido.
Otra testigo, Ana C., ha declarado que fue contratada por el empresario Fernando Palomares para tareas de 'community manager'. “Recuerdo que todo lo que se pretendía implementar como 'community manager' no se realizó o no se terminó de ejecutar”, ha relatado. Tampoco recordaba haber recibido formación por parte de la empresa para prestar sus servicios. La mujer ha reconocido que “no había medio o, por lo menos, no tenía acceso para realizarlos”, en referencia a la tarea que tenía encomendada.
Por su parte, Carlos M. fue uno de los coordinadores del 'call center'. El testigo ha asegurado que los empleados recibieron inicialmente una formación “con una serie de 'power points' sobre tributos locales, básicamente”. Además de lo que iban “aprendiendo en el día a día”.
El hombre ha relatado una reunión en 2015, cuando la Diputación de Valencia requirió a la empresa Servimun una justificación por la deficiente prestación del servicio. Al encuentro asistió Fernando Palomares, dueño de la firma adjudicataria, y también Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y entonces gerente de la empresa pública Imelsa.
Mariano López, un “nexo” entre Servimun y la Diputación
Ambos acusados le pidieron un documento que argumentara que los incumplimientos “podían venir del órgano contratante”. Sine embargo, apenas hizo un borrador. Mariano López cobró un 15% de la contrata a través de una empresa pantalla a nombre de su cuñada, también acusada. El fiscal anticorrupción ha preguntado al testigo el motivo por el que el exsuegro del 'yonqui del dinero' asistió a aquella reunión. “Entendí que era una especie de representante de la entidad, una especie de vínculo o nexo entre la empresa y el órgano de contratación”, ha afirmado.
José Manuel Haro, alcalde de Chiva entre 2005 y 2015 y diputado provincial responsable del área de Hacienda durante el mandato de Alfonso Rus, ha explicado que la encomienda de gestión a Imelsa para el 'call center' respondía a la necesidad de reforzar la gestión tributaria que gestionaba la institución provincial con los impuestos o embargos de los ayuntamientos.
El testigo ha afirmado que el diseño de la encomienda de gestión lo hizo con el interventor de la Diputación. Cuando el fiscal le ha preguntado por la anulación de la encomienda por parte de un juzgado de lo Contencioso Administrativo en 2014, Haro ha contestado que “no tenía ni idea” y que “lo desconocía”. Tampoco sabía por qué la empresa Imelsa subcontrató el servicio con Servimun ni el motivo de la finalización del 'call center'.
El exdiputado provincial del PP ha asegurado que Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, no le dio indicaciones de a qué empresa se debía adjudicar el fin trato y ha avalado la “actuación impecable” en la mesa de contratación del funcionario Ricardo de Ángel Marí, también acusado en la causa.