La Fiscalía pide penas de hasta tres años y seis meses de prisión a 23 trabajadores de Aluminios Baux por “insultar e intimidar a 30 trabajadores” que no secundaron una convocatoria de huelga en la empresa en 2007, según CGT. Siempre según el sindicato, la empresa ubicada en Segorbe (Castellón), denunció a los trabajadores por tratar de coaccionar a sus compañeros que no secundaron la huelga indefinida, convocada para pedir mejoras laborales y salariales.
El sindicato asegura que los denunciantes accedieron y salieron del puesto de trabajo sin problema alguno, aunque “recibieron una sonora pitada. Los directivos pidieron la presencia de la Guardia Civil en su salida de la fábrica ante el temor a ser agredidos. Aluminios Baux es propiedad de Federico Serratosa Caturla, que se enriqueció, con gran parte de su familia, con la venta de Valenciana de Cemento a Cemex, una multinacional mejicana.
El sindicato asegura que la dirección de esta empresa ha decidido llevar hasta el final el proceso, negándose en todos estos años a retirar los cargos contra los trabajadores a pesar de la insistencia de CGT y CC.OO, así como de los diferentes Comités de Empresa de la compañía.
En opinión de CGT, “estas acusaciones falsas perjudican a personas trabajadoras” y tienen como objetivo “atacar al sindicalismo organizado y amedrentar al resto de la plantilla para que en futuras acciones dejen solo al Comité de Empresa”. De los 23 trabajadores que serán juzgados este mes sólo 5 siguen en Aluminios Baux. “El resto fue despedido poco a poco, sin armar mucho ruido”, según CGT.