Juan Cotino, presidente de las Corts Valencianes, declarará como testigo en la investigación por el saqueo de la depuradora pública de Pinedo. La Fiscalía ha apoyado la petición del PSPV, que ejerce la acusación popular en el caso, que ha pedido la comparecencia de Cotino y de la también exconsellera de Agricultura Maritina Hernández, como exresponsables de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar), otra entidad pública envuelta en el escándalo.
Cotino, que acaba de renunciar a la exclusividad como presidente del parlamento valenciano para dedicarse al cultivo del caqui, ha declarado recientemente, también como testigo, por el caso Bárcenas. Su sobrino Vicente Cotino si está imputado en la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP.
El saqueo de Emarsa
Emarsa era la empresa del Ayuntamiento de Valencia y los municipios de su área metropolitana que gestionaba las aguas residuales de la zona desde finales de los 80. En 2010, la sociedad fue disuelta y sus responsables, denunciados.
Emarsa estaba quebrada. Sus directivos, directamente miembros del PP o vinculados al partido, habían hecho un negocio redondo con el tratamiento de 300.000 metros cúbicos de lodo por año. Sencillamente, cobraban del ciudadano 48 euros por tonelada de tratada mientras que ellos subcontraban el servicio por 18 euros, un 62% menos.
30 millones en casas, hoteles o prostitutas
El tamaño de la estafa podría estar entre los 25 millones que el juez que investiga el caso puede tener acreditados o los 40 que denuncia la oposición, personada en la causa. Unos 30 millones, según la entidad pública que asumió las funciones de Emarsa tras su liquidación.
De lo que ya queda constancia en la investigación es de donde fueron a parar parte de esos fondos. Con ellos se pagaron prostitutas –simuladas en facturas que hablaban de traductoras que se alojaban en hoteles de lujo de Alicante o Benicàssim (Castellón)-, artículos de Loewe, comidas opíparas (300.000 euros de gasto en cinco años), 75.000 euros en joyas o sobresueldos.
Esteban Cuesta, el exgerente, reconoció ante el juez que él y otros implicados en la trama se repartieron hasta 10.000 euros al mes en sobresueldos entre 2005 y 2009. Uno de ellos, era el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, también imputado en la causa. Fue forzado a dimitir de este cargo y de la alcaldía de Manises.
En resumen, más de 30 imputados tras el saqueo y quiebra de una sociedad en la que trabajar era una canonjía: Hasta nueve empleados cobraban más que el presidente de la Generalitat. El propio Alberto Fabra se mostró compungido. “Lo que se está conociendo en Emarsa nos avergüenza a todos”, reconoció.