La Fiscalía ha interpuesto demanda de procedimiento de reintegro contra Anna Bayarri, exjefa de Recursos Humanos, Felipe Espinosa, exdirector general, y Enrique Simó, actual director general de VAERSA, solicitando que sean condenados, como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos por la contratación supuestamente irregular de abogados externos en la empresa de la Generalitat.
Según CGT, sindicato que interpuso ante el Tribunal de Cuentas la denuncia que ha causado la petición de la Fiscalía, “en los años 2009 y 2010, según los informes de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, la empresa pública VAERSA había facturado un total de 655.135 euros por servicios de asesoría jurídica externa, prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación, cuando existía un convenio de la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda con VAERSA para realizar esos servicios por los letrados propios de la Generalitat, personal funcionario público, por un coste 100 veces inferior”.
Siempre según el sindicato, durante la fase de instrucción se ha acreditado que durante seis años se desembolsaron por parte de VAERSA 1.974.964 euros en pagos por servicios de asesoría jurídica externa. Tras la denuncia de UGT, la Generalitat acabó con la contratación de abogados externos en VAERSA.
Sin embargo, según un comunicado de la organización, CGT presentó denuncia ante el Tribunal de Cuentas “para exigir la devolución de los fondos públicos saqueados”. Ahora, dado que “hay indicios de la posible comisión de varios delitos contra la Administración Pública, concretamente prevaricación y malversación de fondos públicos”, la organización obrera también ha presentado denuncia por estos hechos “ante la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado”.