La posición de la fiscalía, los abogados que velan por el cumplimiento de la ley en cualquier procedimiento público, ha propinado un duro golpe a la posición de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en el ERE de Canal 9, que acabó en agosto con el despido de 1.012 trabajadores.
En opinión del ministerio público, “hay trato discriminatorio” en la elección de los profesionales que han abandonado la televisión pública valenciana. Hay “una alteración de la lista de afectados y afectaciones de no afectados y desafectación de no afectados”, dijo el fiscal.
En román paladino, la dirección de RTVV, en un ERE sustentado en el informe de la consultora Price Waterhouse y el trabajo del despacho de abogados Garrigues, no ha justificado en ningún momento quién y por qué ha entrado en la lista de despedidos. En conclusión, se desprende “discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial”, se ha dicho durante el juicio.
En caso de que Canal 9 vea tumbado su ERE, el Consell ha amenazado veladamente con su cierre. Como reconocieron el actual y el anterior director general de RTVV durante el juicio, la gestión de la casa era un auténtico caos, una verdadera ruina económica propiciada, entre otros, por una penosa gestión de personal.
La empresa estaba sobredimensionada (1.800 trabajadores), era una sangría económica (170 millones en pérdidas en 2011, por ejemplo) y sus ingresos iban a la baja. Había pasado de facturar 74 millones en 2008 a apenas 9 en sólo un lustro.
Nada de eso importa si los 1.102 despidos se han hecho, como defienden los abogados de los trabajadores, en base a criterios aleatorios y, por tanto, discriminatorios. Sus argumentos, en resumen, son claros: la empresa pública no justificó la necesidad del ERE, lo planteó en clara contradicción con las leyes vigentes y nunca dio opción a los sindicatos a negociar, tal como exige la normativa.
Además, no se respetó a los trabajadores con una oposición aprobada, obvió la antigüedad de éstos y se ha cebado con las mujeres al no contemplar un plan de igualdad. Los sindicatos han hablado en ocasiones de “limpieza étnica”, es decir, de persecución a los periodistas, por ejemplo, que no sintonizaban con el PP, el partido en el gobierno.
Recurso ante el Supremo
En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana falle a favor de los demandantes -representados por los cuatro sindicatos mayoritarios de RTVV-, sería el Tribunal Supremo el que tendría que dilucidar el recurso avanzado por la actual directora de la cadena, Rosa Vidal. Fuentes jurídicas estiman que el fallo podría ser público, apróximadamente, en un año.