La Fiscalía de Valencia ha anunciado la apertura de diligencias de investigación penal contra el alcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), por presuntos delitos por vulneración de los principios de igualdad y no discriminación en el empadronamiento de inmigrantes en la ciudad.
Esta investigación se produce a raíz de la denuncia interpuesta por los concejales socialistas de la ciudad, Vicent Mascarell y Liduvina Gil, que alertaban de la presunta actuación ilegal del gobierno municipal de Gandia por la que el alcalde ordenó que se remitieran a la comisaría de la Policía Nacional con carácter “preventivo” los datos de todos los inmigrantes que querían empadronarse
Respecto de esta práctica se pronunciaron tanto la Defensora del Pueblo como el Síndic de Greuges, ya que consideraban que este procedimiento incurría en una ilegalidad puesto que vulneraba el derecho de igualdad de los inmigrantes y pedían de este modo que cesara en su práctica. No obstante el alcalde hizo oídos sordos a este requerimiento.
Esta práctica de Torró fue objeto de muchas críticas más allá de Gandia cuando este presumía de esta politica tras la muerte de un agente afirmando que “si en España se aplicase la política de empadronamiento de Gandia, el asesino del policía nacional Francisco Javier Ortega estaría en la cárcel”. Este comentario le valió al alcalde críticas de la oposición que lo acusaba de “xenófobo”.