La Fiscalía Anticorrupción acaba de dar carpetazo a la pieza separada del 'caso Taula' que investigaba el presunto saqueo de la empresa pública Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios. El representante del Ministerio Público, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que el presunto delito de cohecho, supuestamente cometido entre 2005 y 2006, está prescrito.
La pieza separada relativa a Ciegsa nació de las grabaciones secretas efectuadas por Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' de las que se desprendería que junto con Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia, “cobraron ciertas cantidades de dinero” de algunas adjudicaciones públicas para ola construcción de colegios. Sin embargo, no se puede establecer una “perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada”, sostiene el fiscal Fernando Maldonado.
“Tampoco puede afirmarse qué constructoras y qué personas concretas efectuaron los pagos a los investigados”, agrega el escrito.
Además, la instrucción del 'caso Taula' nació en 2015 mientras que los hechos se remontarían a 2005 y 2006 por lo que sería aplicable el artículo relativo al cohecho del Código Penal de 1995 (una pena de multa de tres a seis meses). El presunto delito estaría prescrito al haber transcurrido el plazo de tres años.
Así, Anticorrupción solicita el archivo de la causa para todos los investigados, entre ellos el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla y varios arquitectos de la forma pública, y en consecuencia la extinción de la responsabilidad criminal.