Fiscalía no ve responsabilidad penal en Fuset por el accidente mortal de Viveros y pide el archivo de su procesamiento

La Fiscalía de València ha dado aire al concejal de Cultura Festiva de València, Pere Fuset, al no apreciar responsabilidad penal en su actuación con respecto al accidente mortal de Viveros, en la misma línea que había mantenido hasta ahora a lo largo de la instrucción, puesto que ya se opuso a su imputación.

Según un escrito hecho público este lunes, el Ministerio Fiscal se adhiere parcialmente al recurso del edil y solicita el sobreseimiento provisional respecto al mismo, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles subsidiarias del Ayuntamiento”, es decir, considera que no existe responsabilidad personal en el concejal, pero que sí que puede haberla en el Ayuntamiento de València como institución organizadora del evento.

El juzgado de instrucción 18 finalizó el pasado mes de octubre la investigación en relación con el caso del accidente mortal que tuvo lugar el pasado 27 de junio de 2017 durante el montaje de las gradas de los conciertos de la Gran Fira de Juliol que organiza el Ayuntamiento cada año en Viveros.

Tal y como informó eldiario.es, el juez decidió finalmente procesar al concejal por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro de seguridad contra los trabajadores. También a los promotores de los conciertos. Una situación que, a la espera de que se resuelvan los diferentes recursos, deja a Fuset y al resto de acusados al borde del banquillo.

En su auto de procesamiento, el juez considera que Fuset debió exigir las medidas de de seguridad necesarias para el montaje de las gradas, puesto que no reclamó ningún estudio de seguridad a los encargados de la infraestructura ni se cercioró de si se cumplían las normas en materia de riesgos laborales.

El edil recurrió ante la Audiencia el auto de procesamiento y ahora la Fiscalía se ha adherido parcialmente a su recurso. Entre otras cuestiones, Fuset alega en su escrito que faltan pruebas por practicar que solicitó y que considera básicas para la investigación, que sin embargo el juez instructor no autorizó.

Por ejemplo, el responsable de Cultura Festiva solicitó que se llamara a declarar a su asesor Amadeu Mezquida y asegura que la carta que remitió a la empresa encargada de montar las gradas no la redactó él, sino un técnico municipal, y en cualquier caso no solicitaba premura en la ejecución de los trabajos.