“Franco36”. La contraseña del abogado José María Corbín Navarrete, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, está anotada en el acta de entrada y registro de la vivienda familiar en la calle de las Artes Gráficas de Valencia. La mañana del martes 2 de abril del 2019, cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hallaron un manuscrito con la contraseña, una combinación alfanumérica fácil de recordar, en el dormitorio que comparten Corbín y Totón Barberá, hermana y jefa de gabinete de la exalcaldesa de Valencia.
La detención del abogado fue el segundo martirio que sufrió el clan económico-político en su larga historia, que se remonta a la dictadura franquista, un régimen dictatorial corrupto hasta la médula. La familia ostentó un poder descomunal en Valencia y reprodujo la cultura política del franquismo: caciquismo, cierto ramalazo berlanguiano y negocios inconfesables, tal como refleja el sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es. La biografía de ambos clanes, los Corbín y los Barberá, se remonta a hace más de un siglo y refleja toda una época.
Todo empezó el 1 de agosto de 1912 en el altar de María Inmaculada de la iglesia del Salvador y Santa Mónica de Valencia con el enlace nupcial de Don José María Corbín Carbó, hijo de un oficial carlista, y Desamparados Ferrer i Miragall. El marqués de Lozoya definió al contrayente como un “ejemplar perfecto de aquella cristiana y austera burguesía del reino de Valencia, generalmente de vieja tradición carlista”.
En su luna de miel recorrieron varias provincias españolas y el sur de Francia. De aquel matrimonio nacieron diez hijos entre 1913 y 1935: María de los Desamparados, José María, Carmen, Pilar, Inocencio (nacido muerto), Antonio María, Concepción Josefa, Juan Luis, Rosario y Purificación, también fallecida al nacer. La mitad de la prole acabaría luciendo los hábitos: cuatro monjas y un religioso. El patriarca, miembro del Tribunal Tutelar de Menores y de la Asociación de Padres de Familia, además de tesorero de las Conferencias de San Vicente de Paúl, envió a todos sus vástagos al Instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, a excepción de María Amparo y José María, alumnos del Colegio de las Madres Franciscanas.
Durante el largo verano de la anarquía, tras el golpe de Estado de “Franco36”, la familia sufrió el martirio fundacional. A José María Corbín Ferrer, la sublevación contra el orden democrático republicano, le pilló en la Universidad Oficial de Santander, situada en el Palacio de la Magdalena, donde había conocido al marqués de Lozoya, rector de los cursos estivales de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Tanto Santander como Valencia quedan en zona republicana y el requeté sigue asistiendo a misa en la capilla del Colegio de las Madres Esclavas del Corazón de Jesús. El joven escribe a su madre en la única carta conservada: “Las noticias que aquí tenemos de Valencia son bastante confusas”.
El 18 de agosto, los milicianos irrumpen en el Palacio de la Magdalena para detener a seis estudiantes acusados de traición, entre ellos el religioso valenciano. Un amiga del joven, Amelia Falcones, explica en una carta dirigida a la marquesa de Villagracia los motivos de la detención: preguntado por sus compañeros por sus preferencias sobre el desenlace de la contienda, José María Corbín Ferrer respondió: “¡Sin duda alguna, los militares!”.
Tras una breve estancia en la checa instalada en el Ayuntamiento de Santander, fue trasladado con un grupo de presos a la Cárcel Provincial de la Montaña acompañado por las “iras del populacho”, según relata Antonio V. Izquierdo Sorlí en Un mártir de nuestro siglo, un libro editado con licencia eclesiástica en 1959 y con el nihil obstat del censor José Zahonero que aún se puede encontrar en librerías de viejo. “Iban en vanguardia las mujeres” que, con “el empleo del peor vocabulario, nos hacían responsables directos e inmediatos de la muerte de sus maridos y de sus hijos en los frentes”, recuerda el “testigo presencial” Ramón Bustamante Quijano.
El 14 de septiembre, José María Corbín Ferrer es trasladado al barco prisión Alfonso Pérez, anclado en la bahía de Santander. Allí estuvo hasta el 27 de diciembre cuando, al mediodía, los bombardeos franquistas arrecian en la ciudad y las “hordas comunistas” se dirigen hacia el puerto: “¡A por ellos! ¡Hay que vengarlo todo en esos canallas!”. Ya por la noche, frente a las costas del Cantábrico, el joven valenciano sube de las bodegas a la cubierta del buque. “Allí, tendido en el suelo, quedó el cuerpo ensangrentado de José María Corbín Ferrer”, escribe el biógrafo Antonio V. Izquierdo Sorlí.
El religioso ni siquiera supo en vida que un “tórrido mediodía” de aquel trágico mes de agosto, tras regresar de una estancia estival en Siete Aguas, los milicianos se plantaron en la vivienda de la calle de Alboraia de Valencia, sede de la “dulce paz hogareña de una familia que exhala perfumes de religión y esencias de purísima españolidad”, para detener a Don José María Corbín Carbó, encarcelado en las Torres de Quart hasta que la noche de del 30 de septiembre fue “cobardemente asesinado” en el “Picadero de Paterna”.
Aquellos primeros meses de la Guerra Civil, unos pocos kilómetros al norte de la calle de Alboraia de Valencia, los incontrolados del bando republicano también fueron a buscar en Meliana a Miquel Nolla, abuelo materno de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, para darle el paseo. El “señorito”, como se le conocía en la localidad, era el heredero de Miquel Nolla Bruixet (Reus, 1815 - Meliana, 1879), quien gracias a la desamortización de Mendizábal instaló, a mediados del siglo XIX en la Alqueria dels Frares de l’Horta de Meliana, la mítica fábrica de preciosos mosaicos presentes en infinidad de casas valencianas y que llegó a emplear a medio millar de trabajadores. El abuelo de la alcaldesa se salvó gracias a uno de esos trabajadores, Higinio Mollà, que se ocupó de protegerlo, tal como relató su nieto, el periodista Toni Mollà.
En la “fase 0” de las exhumaciones en España tras la Guerra Civil, según la expresión acuñada por un grupo de historiadores y antropólogos especialistas en la materia, el cadáver del patriarca de los Corbín pudo ser recuperado del cementerio de Paterna gracias a un empleado que había presenciado el fusilamiento de Don José María y “conocía el lugar preciso donde estaba la fosa común”. Mientras los restos de las víctimas del bando sublevado salían de las fosas, los vencidos entraban.
Los huesos de su hijo fueron identificados durante los trabajos de exhumación de la fosa común de Ciriegos, iniciados el 19 de diciembre de 1939 en presencia de la viuda Desamparados Ferrer y de su hija mayor. Los restos de José María Corbín Ferrer fueron inhumados en la cripta del Santísimo Cristo de la Catedral de Santander, tras un rezo del obispo.
Las “tribulaciones” de la familia Corbín Ferrer, no acabarían sino en “la primavera de 1939, Año de la Victoria”, cuando “las campanas voltean al viento lanzando briosos cantos de paz y de triunfo”, escribe el autor de Un mártir de nuestro siglo.
La posguerra en Valencia, inaugurada a base de fusilamientos, de saqueo de los bienes de los republicanos y cárceles hacinadas hasta la bandera, amén de fraternales recibimientos a los aliados nazis del régimen, fue el escenario en el que la familia “vive feliz y dichosa gozando del rico y envidiable tesoro que constituyen, en el cielo dos mártires, padre e hijo, y en la tierra cuatro hijos, uno sacerdote y tres religiosas, consagrados por entero al Señor”, según la ampulosa prosa del biógrafo Antonio V. Izquierdo Sorlí.
En esa misma época Higinio Mollà, el protector del abuelo materno de Rita Barberá, fue encarcelado en la prisión de Sant Miquel dels Reis, para luego exiliarse en Francia. “Nadie intercedió por él, un pobre proletario de pueblo sin padrinos entre los vencedores”, recordaba su nieto.
Las hijas del matrimonio Corbín-Ferrer, por su parte, “despreciaban los goces de la tierra para abrazarse a la pobreza evangélica” del Instituto de las Hermanas Carmelitas: Carmen, en 1942; Pilar, en 1945, y María del Rosario y Josefa, el 20 de noviembre de 1956, dos décadas exactas después del fusilamiento en Alicante del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Cuatro años antes, Juan Luis había cantado su primera misa en la capilla del Sagrado Corazón del Colegio de las Carmelitas.
En aquella época de posguerra, José Barberá Armelles (Valencia, 1915 - 1993), el padre de ideología tradicionalista de la futura alcaldesa del PP, fue nombrado en 1940 director de El Correo Gallego para ponerse al frente, 13 años después, del vespertino Jornada y de la Asociación de la Prensa en su ciudad natal, cargo en el que se mantuvo tres décadas en un “larguísimo y dictatorial mandato”, señala un veterano periodista. José Barberá era, tal como lo recuerda otro periodista que lo conocía de cerca, un “comisario político” de la dictadura que también fue concejal del Ayuntamiento de Valencia entre 1954 y 1960.
En las postrimerías del franquismo, la hija de Pepe Barberá, fue nombrada en 1973 Musa del Humor de un concurso literario, en un acto celebrado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, consistorio del que casi dos décadas después sería una longeva alcaldesa. Una joven periodista sonríe —era “musa del humor”— y saluda al público. En la fotografía se distingue detrás de Rita Barberá el cuadro del dictador Francisco Franco, obra del pintor José Segrelles, a quien el régimen había obligado tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial a modificar el lienzo para bajar el brazo en alto a la romana del Caudillo.
Por su parte, Antonio María Corbín Ferrer, el único vástago de Don José María que no vistió los hábitos, se había casado con Alicia Navarrete. De la unión matrimonial nació en Teruel, el 27 de noviembre de 1951, José María Corbín Navarrete. Creció en aquel ambiente familiar traumatizado por la violencia de la Guerra Civil. El sobrino y nieto de mártires del bando franquista estudió Derecho e ingresó de manera natural en Fuerza Nueva, el partido de extrema derecha fundado por el notario Blas Piñar en 1976.
Juanma Crespo, un exmilitante valenciano, explica en su libro Memorias de un ultra (Temas de hoy, 2006) la composición de la formación nostálgica: los mayores de 50 años se declaraban “franquistas hasta la médula”, muchos excombatientes del bando sublevado y de la División Azul, de misa diaria y admiradores de Blas Piñar como un “profeta” o incluso un “enviado del mismísimo Dios”; los afiliados de entre 30 y 50 años, que “odiaban con toda su alma a los rojos” y que no veían con malos ojos (a diferencia de los más ancianos) la violencia ejercida en las calles por el grupo más numeroso de militantes: los jóvenes, algunos encuadrados en facciones de los Guerrilleros de Cristo Rey y en otras bandas fascistas.
La formación liderada por Blas Piñar se erigió en uno de los vectores clave de la violencia parapolicial durante la Transición y, de hecho, algunos de sus militantes participaron en el atentado contra los abogados de Atocha. Los muchachos de Fuerza Nueva en Valencia solían frecuentar el bar Xaloc de la Gran Vía Marqués del Turia, el Trinaranjus de la Gran Vía de Fernando el Católico o la discoteca Olivetta de la calle de los Adressadors.
A los actos de la formación ultraderechista asistían mayoritariamente “hombres trajeados y mujeres emperifolladas con joyas y pieles” cual “representantes de la alta clase media”, recuerda el exmilitante Juanma Crespo en sus memorias. La sede del partido de extrema derecha estaba situada en el número 9 de la calle de Calvo Sotelo (actual Paseo de Russafa).
José María Corbín, colegiado número 2.186 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, tenía 28 años en 1979. Su actual socio, el letrado Diego Elum Macías, colegiado número 1.850 investigado en el marco del 'caso Azud', también militaba en la extrema derecha más radical en aquella época, según diversas fuentes. Corbín era una persona muy cercana al abogado Carlos Verdú Sancho, actual presidente de la Orden de Caballeros de la Capa Española de Valencia.
Corbín y Verdú eran “íntimos”, sostiene un antiguo redactor de tribunales. El 26 de febrero de 1979, en la localidad valenciana de Canals, ambos participaron en un acto de Unión Nacional, la coalición entre Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS para las elecciones de aquel año, en plena tensión de la Transición. “Eran los abogados de la extrema derecha en Valencia”, agrega. Otro periodista, al que le cayeron numerosas querellas por sus informaciones sobre las tramas ultras, destaca el papel jurídico de Verdú, más protagonista por aquel entonces que Corbín, a quien un empresario del sector de la comunicación muy bien informado define como un “personaje neblinoso”. “Un abogado muy osado y sin prestigio en la profesión”, apostilla la misma fuente.
El 19 de junio de 1980, dos años antes de las elecciones que dieron la victoria al PSOE y que finiquitaron el proyecto ultra del notario Blas Piñar, el diario Levante anunciaba el enlace entre José María Corbín y la hija del entonces subdirector del periódico, Asunción Barberá Nolla. Entre los testigos de la boda figuraba un letrado muy amigo del novio: Diego Elum Macías. Rita, la primera hija del matrimonio también investigada en el 'caso Azud' al igual que sus dos hermanas, fue bautizada con el nombre de su tía, en aquel entonces militante de Alianza Popular, el 18 de junio del año siguiente.
Tras el fracaso de Fuerza Nueva, Corbín y Verdú siguieron ejerciendo la abogacía. En 1986, el letrado representó a a varios presuntos proxenetas cuyos clubs de alterne había ordenado clausurar el polémico magistrado Guillermo Forteza, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia. Cuando un año después, el Consejo General del Poder Judicial acordó sancionar con un año de suspensión de empleo y sueldo a Forteza como autor de una falta muy grave por “presionar al juez de guardia para que detuviese al ginecólogo de su mujer, al negarse éste a atenderla en el momento en que fue solicitado”, José María Corbín y Carlos Verdú fueron sus abogados.
A finales de la década de 1990, según el repaso en su hemeroteca que hizo el diario Levante-EMV, Corbín impulsó una plataforma para presentar su precandidatura a la presidencia de la Federación Territorial Valenciana de Fútbol. Desde 1991, su cuñada Rita Barberá era alcaldesa de Valencia y su esposa Totón, también investigada en el 'caso Azud', la jefa de gabinete. La familia ostentó un descomunal poder en la ciudad en el ámbito político y también en el de los negocios.
La primera edil enterró políticamente a todos los presidentes populares de la Generalitat Valenciana durante la larga era de hegemonía del PP valenciano conectada con la burbuja inmobiliaria: Eduardo Zaplana, investigado hoy en día por corrupción en el 'caso Erial'; el breve José Luis Olivas, condenado por delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública, y su gran discípulo, el exconcejal de Tráfico Francisco Camps, pendiente de su última causa por el 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional.
Tras 24 largos años ininterrumpidos de mandato, compartió con el popular Alberto Fabra la “hostia” en las urnas, según la sincera expresión que acuñó con los micros abiertos la noche electoral del 24 de mayo del 2015. Tras la victoria de los partidos de izquierda, en el Ayuntamiento de Valencia y en el Palau de la Generalitat, ambos acabaron de senadores del PP.
Un año antes, Rita Barberá había retirado su vehículo —un polvoriento Lancia con las ruedas deshinchadas— del aparcamiento del ayuntamiento tras 23 ejercicios aparcado gratuitamente y sin solución de continuidad, al haberse subido al coche oficial en 1991.
La salida del Lancia en una grúa precedió al desalojo de su propietaria del despacho consistorial. “No es sólo la mejor alcaldesa de la historia de Valencia, sino una de las grandes alcaldesas que ha tenido y tiene España”, dijo Rajoy antes de darle la puntilla cuando las cosas se pusieron (judicialmente) feas.
La aludida había cosechado formidables mayorías absolutas en campañas electorales a las que el PP, tal como ha acreditado la investigación del 'caso Taula', se presentaba dopado gracias a un presunto entramado de financiación ilegal con entregas opacas por parte de empresas adjudicatarias de contratos públicos a las que el cuñadísimo cobraba un peaje de 150.000 euros.
El clan Corbín-Barberá erigió en la ciudad una suerte de Tangentopoli a la valenciana inspirada en la cultura franquista de la cleptocracia. “Falló el eslabón de Corbín”, sostiene un empresario que conoce bien el tinglado familiar. La trama a la italiana, que llegó a mover al menos siete millones en mordidas, salpica también al PSPV-PSOE, entonces en la poco agitada oposición. El número dos de la fallecida primera edil, el vicealcalde Alfonso Grau, se embolsó dos millones de euros en comisiones, según la UCO.
El declive familiar sin vuelta atrás empezó cuando Rita Barberá ingresó el 1 de abril del 2015 un cheque de 1.000 euros en una cuenta del PP de Valencia. Los famosos dos billetes de 500 que fueron devueltos por la cajera del PP en Valencia al equipo de Barberá desencadenaron la investigación por blanqueo de capitales a medio centenar de ediles y asesores. Se trata de la pieza separada A del 'caso Taula', por el que Rita Barberá declaró ante el Tribunal Supremo, al estar aforada en el Senado. Acudió acompañada por su sobrina favorita, la abogada Rita Corbín Barberá. Dos días después, el 23 de noviembre del 2016, falleció en la habitación 315 del hotel Villa Real de Madrid.
Los últimos días de la exalcaldesa fueron un martirio. Con una presión interna en su partido inimaginable durante sus años de esplendor y la justicia pisándole los talones para investigarla por un presunto delito de blanqueo de capitales, la hija de José Barberá, Musa del Humor en 1973, sufrió un “problema hepático” por cirrosis que le provocó un “fallo multiorgánico”, según la autopsia.
El cuñado de la finada era, precisamente, el abogado de Mari Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal popular, salvada del procesamiento en esa pieza del 'caso Taula' después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia deshinchara la causa en un polémico auto que establecía una distinción entre dinero “negro” y “sucio”. Sobre este particular el letrado comentó, en tono indecoroso, con ocasión de una declaración de su clienta ante el juez: “Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas”.
El despacho de José María Corbín, situado en la señorial calle del Grabador Esteve de Valencia, obtuvo casi el 80% de sus ingresos de comisiones ilícitas vinculadas a adjudicaciones públicas, según la UCO. Hacienda, en un informe incorporado al sumario del 'caso Azud', considera “difícil de explicar” que la firma de Corbín milagrosamente multiplicara por cinco su facturación.
A excepción de Asunción Corbín Barberá, que trabaja como asesora de los populares en Valencia, gran parte de la familia abandonó el PP e ingresó en Vox, cerrando el círculo histórico en el que siempre ha navegado, a —extremo— estribor (el cuñado de Rita Barberá surcaba los mares en su barco Dragon Rapide, bautizado así en homenaje al avión que llevó al general Francisco Franco desde Canarias a Marruecos en las horas inmediatamente posteriores al golpe de Estado contra la II República).
Los descendientes de la alcaldesa heredaron una de las mejores agendas de contactos telefónicos del poder (político y empresarial) en España, de la cual llevaban más de dos décadas disfrutando. Sin ir más lejos, Corbín tenía línea directa con nueve ministros del PP.
Tras una denuncia anónima, la Agencia Tributaria analizó las insólitas cuentas del despacho de José María Corbín. El milagro financiero del abogado era de tal calibre que Hacienda puso los hechos en conocimiento del fiscal anticorrupción Pablo Ponce, que empezó a tirar del hilo de la trama de presunta corrupción masiva del 'caso Azud'. Toda la familia —José María Corbín, su esposa Totón Barberá y sus hijas María José, María Rita y María Asunción— está imputada en la causa.
“Franco36” —ahí empezó todo— es la contraseña que desencripta las más profundas raíces históricas del saqueo del 'caso Azud'.