La Generalitat ha solicitado al arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, toda la documentación e información contable relacionada con la visita del Papa a Valencia en 2006, que pudo costar 22 millones de euros y está bajo investigación judicial. El periplo fue organizado por una fundación presidida por la autoridad eclesiática aunque mayoritariamente financiada con fondos públicos.
La petición del gobierno valenciano pretende facilitar la auditoría que la administración quiere hacer. Los contables de Generalitat, la Intervención General, hicieron un informe en enero en el que denunciaban la opacidad y el descontrol que reinó en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, liquidada en 2014, ocho años después del acontecimiento con Benedicto XVI, tras una aportación de dos millones de la Generalitat para tapar agujeros.
El dictámen de la Intervención es contundente. Alerta de la ausencia generalizada de contratos con los proveedores, de “incumplimientos de los principios de legalidad de la Ley de Contratos del Sector Público en las contrataciones realizadas”, “irregularidades en los principios de contabilidad”, “incertidumbre” por deudas con hacienda, y posible violación de la Ley de Fundaciones.
Además, a la administración no le consta “información alguna” de las cuentas entre 2005 y 2009, los años de mayor actividad de la Fundación. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, cree imprescindible arrojar luz sobre al menos “22 millones de gasto vía contratos supuestamente ilegales, dinero con el que se podrian haber construido muchos colegios o centros de salud”.
“Es necesario auditar un evento que podría estar relacionado con la corrupción y, al parecer, plagado de sobrecostes, o gastos suntuarios y prescindibles”, ha añadido Oltra. La visita del Papa costó 2,6 millones en urinarios, 7,7 en publicidad, 3,5 en la compra de 500.000 mochilas o 1.5 en el altar utilizado por Benedicto XVI para dirigirse a la multitud.
La Fundación fue impulsada por la Generalitat, entonces presidida por Francisco Camps (PP), y el Arzobispado de Valencia, dirigido en aquel momento por Agustín García-Gasco. La visita del Pontífice, además de bajo investigación en Valencia, sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional a un destacado miembro del sector cristiano del PP, Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes.
Cotino y el exdirector general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, están acusados de amañar a través de la antigua Canal 9 y en colaboración con la trama Gürtel la contratación de las pantallas y la megafonía para la cobertura de la visita del Papa. El fiscal pide 11 años de prisión para Cotino.