Hace casi dos años que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció la creación de un banco público de ADN para identificar a las víctimas valencianas de la Guerra Civil y del franquismo. El proyecto, fundamental para cruzar las muestras de ADN extraídas de huesos o dientes con las muestras de los descendientes de las víctimas, continúa atascado.
A falta de un banco de ADN para identificar a las víctimas del franquismos exhumadas de las fosas comunes, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática contrata a laboratorios privados. Así, el departamento que dirige Rosa Pérez Garijo ha optado por modificar la ley de memoria democrática a través de una enmienda a la Ley de medidas fiscales, más conocida en el marco de los presupuesto anuales de la Generalitat como Ley de acompañamiento (y un coladero de reformas legales por la vía rápida).
El artículo 12.3 de la ley de memoria democrática, aprobada en 2017, prevé que el banco de datos de ADN dependa del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de València. La conselleria, según un informe del pasado 10 de agosto firmado por el director general de calidad democrática Iñaki Pérez Rico, reconoce que la referencia al Instituto Medicina Legal, de competencia estatal, “no resulta procedente”, tal como reprochó la Abogacía de la Generalitat durante la tramitación del anteproyecto de Ley que pilotó la consellera de Justicia Gabriela Bravo.
La ley fue aprobada en la legislatura anterior, cuando las competencias de memoria histórica dependían de Bravo. En el segundo gobierno del Botànic, Rosa Pérez heredó este negociado y optó por crear el banco de ADN público mediante una encomienda de gestión a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio). La Intervención de la Generalitat, tal como informó este diario, tumbó la encomienda de gestión a Fisabio y la conselleria ha externalizado el análisis del ADN de los cuerpos exhumados con contratos menores a laboratorios privados.
El artículo, si se aprueba la enmienda a la ley de acompañamiento, rezará así: “la conselleria competente en memoria democrática establecerá y gestionará un sistema de banco de datos de ADN, lugar de investigación, en el cual se depositarán los perfiles genéticos de los restos humanos obtenidos en las exhumaciones que se realicen en el territorio de la Comunitat Valenciana”. Una vez eliminada la referencia al Instituto de Medicina Legal, la intención es crear un convenio con la Conselleria de Sanitat y alguna universidad para poner en marcha definitivamente el banco público de ADN sin tener que acudir a laboratorios privados, según fuentes de la Generalitat.
Las excavaciones de las fosas de la represión franquista en el territorio valenciano se han acelerado en los últimos tiempos. A los trabajos de las fosas del cementerio de Paterna (València) financiados por el área de Memoria Histórica de la Diputación de València, se suman las exhumaciones impulsadas por la Generalitat en cementerios como los de Castelló, Segorbe, Alicante u Orihuela. Las muestras de ADN de los restos óseos y de los supuestos familiares, tal como explica en este reportaje de elDiario.es la antropóloga del equipo ArqueoAntro que trabaja en Paterna, se envían a un laboratorio de Madrid. El banco público de ADN permitiría almacenar los perfiles genéticos de los cuerpos no identificados por si aparecen posibles familiares en el futuro (muchos fueron fusilados en València pero eran oriundos de otras partes del país).