La Generalitat tendrá que pagar más de 3.000 millones de euros en intereses por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Según los datos de la conselleria de Hacienda, estos préstamos que han sustituido a la financiación han costado a los valencianos 1.833 millones de euros y costarán el resto de legislatura (hasta 2019) un total de 554 millones de euros. Y, hasta 2027, la friolera de 1.220 millones.
El Consell considera las declaraciones del Ministerio de Hacienda y de la Delegación de Gobierno una lectura “tremendamente distorsionada de la realidad, un escándalo y una tomadura de pelo a los valencianos el que se intente presentar como financiación unos préstamos que sustituyen a la financiación por derecho que corresponde a los valencianos”.
El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, destacó el domingo el apoyo del Ejecutivo para que los servicios públicos de la Comunitat Valenciana “se mantengan en niveles de calidad y para que los proveedores cobren con la consiguiente activación del tejido productivo”. Moragues dijo entonces que el Gobierno ha mejorado en 1.234 millones de euros la financiación para pagar a los acreedores. este lunes, el director de director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha publicado un estudio en el que asegura que la Comunitat Valencia y Cataluña ganan más de 5 puntos de financiación relativa con las bonificaciones a los intereses con estos préstamos.
En el Ejecutivo valenciano, esta consideración causa estupefacción. “Es confundir el devengo (la financiación por derecho que sí da el Gobierno a otras autonomías) con un préstamo”, aseguran desde la conselleria de Hacienda. “De hecho, cuanto más FLA se tiene es una evidencia de la infrafinanciación que se arrastra. Y eso está acreditado por todos los informes, incluso del ministerio, y por la Airef”, señalan desde Hacienda.
Además, las cuentas de la Generalitat han amortizado un total de 4.349 millones con más préstamos del FLA, “una espiral que evidencia la insostenibilidad de la situación fomentada por el Gobierno”, critican. “Lo que tiene que hacer el Ministerio es solucionar el problema, cuando lleva 4 años manteniendo un modelo caducado”, sentencia el Consell.