El Gobierno valenciano ha solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura.
La petición del Consell se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se acreditan “defectos acaecidos en la tramitación del proyecto” que podrían ser “determinantes de la nulidad de pleno derecho” del proceso.
Tal como se describe en el informe del organismo jurídico del Consell, la controversia tiene su origen en el cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio.
El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, y ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.
Sin embargo, tal y como recordó este martes el presidente valenciano, Ximo Puig, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua. El nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura.
En concreto, incluye un caudal ecológico (caudal mínimo para poder trasvasar agua) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027.
Ese texto modificado de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Abogacía de la Generalitat Valenciana entiende que “no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación” y que, por tanto, podría haberse producido “una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo”.
Por tanto, la Generalitat Valenciana sostiene que se ha “tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma” y que durante el proceso “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia”, principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.
Tras esas consideraciones, el Gobierno valenciano, a través de la Abogacía Generalitat, solicita que el proyecto de real decreto sobre planes hidrológicos rescate e introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre y que resulta fundamental para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.
La disposición establecía que “si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026”, o lo que es lo mismo: no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura.
Falta de rigor técnico
Además, la Abogacía de la Generalitat Valenciana llama la atención en su informe jurídico sobre el hecho de que el nuevo texto del ministerio hable de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo, tal como sí contempla la versión original suprimida a última hora por el Ministerio.
En consecuencia, la introducción de ese programa de seguimiento al que se alude en la redacción modificada de la adicional novena, tal como subraya el documento, “ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ”ilógica e inútil“, de manera que el nuevo texto enviado por el ministerio al Consejo de Estado adolece de ”falta de criterio y rigor técnico“.
Así las cosas, y tras alertar de que la nueva redacción “cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona”, señala que es indispensable recuperar la versión inicial de la disposición novena “para conseguir la seguridad hídrica, dado que la propia instrucción de Planificación Hidrológica considera la necesidad de un análisis previo a la fijación de los caudales ecológicos en el plan”.
Ribera afirma que el Gobierno defiende el interés genera
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha contestado al Gobierno valenciano que el Plan Hidrológico del Tajo no se cambió de forma unilateral y responde “esencialmente” al consenso del Consejo Nacional del Agua.
Ribera ha señalado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ya anunció que iba a “remitir comentarios” al Consejo de Estado, como lo han hecho Castilla-La Macha, Murcia y organizaciones ecologistas y académicas, lo que le hace pensar que el Consejo de Estado se va a encontrar con comentarios muchas veces contradictorios y no necesariamente jurídicos o de procedimiento“.
Entre ellos “habrá muchos que tienen más que ver con el componente emocional”, ha indicado al respecto la ministra, para precisar que en este contexto la responsabilidad del Gobierno “es atender al interés de todos preservando el interés general”.
La ministra ha reconocido que “en la documentación circulada previamente al Consejo se introdujo alguna modificación con respecto a lo que había sido ya consensuado entre territorios, con regantes, siguiendo los criterios para la fijación de los caudales ecológicos, que desde el punto de vista técnico establece la ley, y atendiendo a la necesidad de cumplir con las cinco sentencias condenatorias del Tribunal Supremo”.
Asimismo, ha explicado que “en el último minuto hubo una propuesta de modificación de ese consenso”, que fue “rechazada mayoritariamente” por el Consejo del Agua. “Así que lo que hemos remitido al Consejo de Estado responde esencialmente al consenso que estaba previamente anunciado y establecido, y es sumamente innovador”, ha defendido.
Ribera ha subrayado que la nueva planificación hidrológica, “a diferencia de las anteriores”, “responde por primera vez a la realidad del cambio climático”. “No nos basta hablar de volúmenes promedio disponibles de agua, tenemos que estar preparados para los dos excesos: años de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros. Lo peor es no ver esa realidad porque los datos avalan que esa es la realidad”, ha advertido.
La ministra ha señalado así que el plan del Tajo incorpora, a sugerencia de Puig, “el seguimiento transparente sobre las inversiones calendarizadas que van a tener lugar en las tres provincias que mas preocupaciones sienten en términos de acceso a agua para los regantes”, Murcia (1.100 millones), Alicante (540 millones) y Almería (44 millones).
Manifestación en Madrid
El presidente Puig ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada en Madrid este miércoles 11 de enero por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) de Almería, Murcia y Alicante: “Tienen todo el derecho a plantear las protestas que consideren oportunas, la reivindicación está bien, pero debe ir acompañada siempre de la voluntad de acuerdo y de diálogo y yo espero que por todas las partes se tenga esa visión”, ha comentado.
Aunque Puig no acudirá en persona, sí estarán presentes la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, de Compromís, partido que comparte la visión de los socialistas con respecto al Tajo-Segura. Junto a ella estarán sus dos secretarios autonómicos, el socialista Roger Llanes y Francisco Candela, de Compromís. El resto de partidos representados en las Corts Valencianes también han apoyado la protesta.