La Generalitat Valenciana podrá intervenir en la compraventa de paquetes inmobiliarios y tendrá derecho de preferencia en las subastas de viviendas por impago. Este viernes, el pleno del Consell ha aprobado, a propuesta de la conselleria de Vivienda que dirige Podemos, un decreto que permite la ampliación del parque público de vivienda de la Comunitat Valenciana.
El vicepresidente segundo y responsable de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, cumple así lo expuesto en su última comparecencia en el Parlamento autonómico. El decreto utiliza la figura del derecho de tanteo y retracto para establecer la preferencia de la Generalitat en las transacciones inmobiliarias. El decreto implica el ejercicio preferente del derecho de compra de las administraciones a la hora de adquirir una vivienda de protección pública, una vivienda procedente una subasta por impago deudas hipotecarias o viviendas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias. Hasta ahora, ese derecho solo podía ejercerlo la Generalitat y únicamente respecto de las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública.
La Generalitat tendrá preferencia para adquirir viviendas en procesos de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. Este derecho de adquisición para la Administración lleva regulado desde 2004 en la normativa estatal y autonómica para viviendas públicas, una cuestión que amplía el decreto y pone en práctica el derecho.
“Este decreto ley pretende dar respuesta a las situaciones de emergencia habitacional existentes, imprimiendo un nuevo impulso al derecho de adquisición de viviendas preferente de la administración. Todo ello con el objetivo de crear una red de vivienda pública que contribuya de forma eficaz a garantizar ese derecho”, explican desde el Consell.
“Podremos intervenir en grandes operaciones de venta de edificios enteros o por paquetes”, ha expresado el vicepresidente segundo, que añadía que “todas las viviendas tendrán la consideración de vivienda permanente y se incorporarán para siempre al parque público”. “Es un decreto ley que protege a las familias y va en contra la especulación inmobiliaria”, añadía el vicepresidente. “Para hacer efectivo el derecho a la vivienda se considera necesario contar con un parque público de vivienda”, insisten desde el Consell.
El objetivo del departamento que dirige Unidas Podemos es aumentar el parque público de vivienda en 5.000 hogares, mediante la compra o la rehabilitación. Este último supuesto es para Dalmau una apuesta por el empleo de calidad, como indican las acciones de la Unión Europea. El texto aprobado este viernes da la posibilidad a los ayuntamientos de ampliar o crear sus parques públicos de vivienda y a las ONG de poder hacer uso de viviendas mediante cesión.