Así se generó el 'pufo' en el Palau de Congressos de Valencia
Levantar las alfombras y airear la opacidad que había caracterizado los 24 años de mandato de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, era una de las promesas que proclamó la izquierda local en la pasada campaña de las municipales. Al llegar al poder en forma de tripartito, la promesa se ha convertido en prioridad. Aunque, de momento, no han trascendido demasiadas irregularidades.
Entre las que sí que se han pregonado desde el equipo municipal destaca el sobrecoste de 1,3 millones de euros del Palau de Congressos, que descubrió el concejal de Desarrollo Económico Sostenible, Joan Calabuig (PSPV-PSOE). Un agujero en las cuentas del ente que estuvo a punto de llevarlo a su defunción.
El 'pufo' en uno de los recintos estratégicos de la ciudad se produjo tras una de las decisiones más polémicas que adoptó el antiguo gerente-director, José Salinas. Una persona que también era el responsable gerente de la Fundación Valencia Turismo, bajo sospecha por el caso Nóos y puesta en tela de juicio en el informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de Barberá en 2013 y principios de 2014.
Si en 2014 el Ayuntamiento aportó 1,6 millones de euros al recinto, en 2015 la dirección del Palau de Congressos acordó que no necesitaba dinero. Se proclamaron autosuficientes. Una medida que no tenía paragón con el resto de recintos congresuales de España, ya que todos reciben aportaciones municipales. Y que tuvo los efectos pronosticados por los entonces críticos.
La decisión conllevó un auténtico descalabro en las cuentas del organismo. Los impagos empezaron a producirse a un ritmo acelerado, dejándose de pagar los sueldos al personal que trabajaba en el Palau de Congressos. El anterior equipo municipal tuvo que salir al rescate de la entidad e inyectó un adelanto de tesorería de 500.000 euros.
A raíz de esa decisión, las cuentas del Palau de Congressos sufren un lastre importante. Según fuentes municipales, se deben 1,6 millones de euros a proveedores, 195.000 euros por intereses bancarios y 162.000 a la Seguridad Social. Sin embargo, en la caja de la entidad congresual hay 350.000 euros y espera cobrar unos 760.000 pendientes por servicios prestados a diferentes clientes.
Unas cifras que suponen una hipoteca para el nuevo gobierno municipal al tener que realizar una aportación a través de los presupuestos del 2016 para resolver el agujero producido por una decisión completamente equivocada. El Palau de Congressos tiene una deuda 857.000 euros a terceros. Pero el agujero es mayor. Supera el millón de euros porque a esa cantidad hay que sumarle los 500.000 euros avanzados por el Ayuntamiento. Desde el consistorio ya se ha reclamado un plan de pagos para esa cantidad. El 'pufo total' es de 1,3 millones de euros.
Dinero que el ejecutivo local de Joan Ribó (Compromís) no ha podido invertir en otras prioridades y que ha limitado el “giro social” de su acción de gobierno. Aunque el impacto económico sería mayor si se tiene en cuenta la posición estratégica que juegan estos recintos a la hora de generar e impulsar un mayor movimiento económico.
