Tensión en aumento entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta del real decreto de los planes hidrológicos, entre los que se encuentra el trasvase Tajo Segura, vital para los regantes de la provincia de Alicante.
El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, sorprendió este martes realizando unas contundentes declaraciones en las que advirtió de que cualquier modificación o supresión del texto acordado en la Comisión Nacional del Agua del pasado mes de noviembre “encontrará el más firme rechazo por parte del Consell”. Al mismo tiempo, solicitó una reunión con la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, para conocer la redacción final del proyecto.
Este organismo es el que debe elaborar el texto final recopilando las últimas impresiones de las entidades interesadas para remitirlo al consejo de ministros para su aprobación final, por lo que en estos momentos aún sería susceptible de modificaciones.
La reacción del ministerio tras las duras palabras de Puig no se hizo esperar. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, trató de calmar los ánimos este miércoles explicando en declaración a elDiario.es que “al Consejo de Estado se envía el texto en los términos que en su momento concitó el acuerdo de las cuencas cedente y demandante: una aplicación progresiva de los caudales entre 2023 y 2027, en paralelo al plan de incremento de disponibilidad de agua desalada, con un seguimiento continuo de la ejecución de las infraestructuras en una comisión bilateral de seguimiento que se constituye entre el ministerio y las comunidades autónomas”.
Pero para el Gobierno valenciano, en concreto para la Conselleria de Agricultura que dirige Isaura Navarro, esta postura es la confirmación de que se ha alterado el borrador emanado del Consejo Nacional del Agua. Este borrador incluye un caudal ecológico (caudal mínimo para poder trasvasar agua) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027.
Sin embargo, el Gobierno valenciano logró incluir en el texto una disposición adicional según la cual a partir de 2025 se evaluaría el nivel de contaminación de agua a su paso por Aranjuez para determinar la conveniencia de ajustar los caudales establecidos, ya que se entiende necesario un mayor caudal cuando el agua es de peor calidad, para diluir los residuos.
Esta disposición adicional es la que ha desaperecido del texto que ha llegado al Consejo de Estado y sin ella la Comunitat Valenciana considera inasumible el plan puesto que un caudal de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027 implica que llegaría la mitad de agua que en la actualidad vía trasvase a la comunidad regante.
Puig también se refirió a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y de la empresa pública Acuamed, que gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.
En este sentido, Morán aseguró que el plan hidrológico incluye inversiones por valor de 600 millones de euros para fomentar el uso del agua desalada para el riego como alternativa y que se mantendrá la subvención hasta que se incorporen las medidas que abaraten el coste de esta agua, entre ellas, la instalación de placas solares para dotar de energía limpia y barata a las desaladoras.