Los tres policías nacionales que se infiltraron en movimientos sociales en Barcelona y Valencia son “agentes de inteligencia”, según indica el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet. El escrito indica que la Comisaría General de Información solicitó una autorización administrativa. Sin embargo, el expediente está “declarado secreto”. Todo ello al amparo de la Ley de Secretos Oficiales, la polémica norma de origen franquista.
La infiltración policiales desvelada por La Directa, se produjo en el seno del movimiento independentista y anarquista en Barcelona, con dos agentes de origen mallorquín como topos. Más recientemente, otro infiltrado de origen catalán fue detectado en el ámbito de los movimientos sociales y vecinales del barrio valenciano de Benimaclet.
El Gobierno sostiene que la actividad de “obtención de información” de los tres agentes “no se realiza sobre ideologías, ni movimientos sociales, sino que se trata de una actividad de inteligencia para la captación de información de interés para el orden y la seguridad pública”.
Así, la respuesta distingue entre la actividad de un agente encubierto, bajo control judicial, y de un agente de inteligencia. Estos últimos, según la ley que regula la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se dedican a “captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia”.
“Máxima profesionalidad”
El Gobierno defiende que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “actúan en todo momento desde el estricto cumplimiento de la ley”, además de con la “máxima profesionalidad”. También con “plena sujeción a los valores constitucionales”, agrega la respuesta.
Los agentes, tanto en Barcelona como en Valencia, se introdujeron en movimientos sociales de diversa índoles creando lazos de amistad con activistas y participando en protestas y actividades asamblearias.
Los activistas valencianos espiados, encuadrados en la entidad vecinal Cuidem Benimaclet o en el Centro Social Okupado y Anarquista (CSOA) L'Horta, anunciaron tras conocer la verdadera identidad del topo que estudian emprender acciones legales.