El Gobierno y las autonomías aún no han aprobado el protocolo para regular el registro de objetores de conciencia respecto al aborto

Seis meses después de la aprobación de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, que regula el derecho al aborto, el Gobierno y las comunidades autónomas aún no han aprobado el protocolo respecto al registro de los objetores de conciencia.

La ley establece la creación de registros de objetores de conciencia, que deben ser compatibles con la protección de datos personales de los facultativos. El objetivo es que las intervenciones sean asumidas mayoritariamente en centros de la sanidad pública, algo que solo ocurre en el 15% de los casos de las interrupciones voluntarias del embarazo, mientras que el 85% restante se hace en clínicas privadas concertadas. La falta de un registro obliga a las mujeres a desplazarse de provincia para abortar, y en muchas ocasiones retrasa la intervención.

En la Comunitat Valenciana, el 92% de los abortos se realizaron en centros privados, pese a que solo el 15% de los médicos se declararon objetores de conciencia en 2020. Sin embargo, en departamentos como el Hospital General de Alicante todos los profesionales se han manifestado contrarios. La reforma legislativa venía a hacer compatible el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con los derechos de los profesionales de la salud, impidiendo que la cláusula moral entrase en conflicto con la decisión de las mujeres atendidas. Compromís presentó una enmienda a la ley en el Senado para que la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia, “una decisión siempre individual del personal sanitario”, se manifieste “con antelación, por escrito y tiene que ser conocido por las pacientes al inicio del embarazo”.

La norma indica que la creación de estos registros dependerá del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde participa el Gobierno central y las comunidades autónomas, que tienen cedidas las competencias sanitarias. En concreto, el texto dice que se acordará “un protocolo específico que incluya las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación del registro”.

Sin embargo, seis meses después, el órgano no ha abordado esta cuestión, según una respuesta de la Conselleria de Sanidad a la diputada de Compromís Mónica Álvaro. La parlamentaria interpeló al Consell, de PP y Vox, sobre las medidas para adaptar la atención sanitaria a la ley, a lo que el Ejecutivo autonómico responde que no se ha abordado la cuestión en el foro pertinente. En el portal del ministerio de Sanidad, que recoge el orden del día de los consejos celebrados, tampoco figura este aspecto como un tema a tratar en las reuniones de este año.

No obstante -añade el titular de Sanidad, Marciano Gómez- en la Comunitat Valenciana existe un registro departamental con el objetivo de organizar la actividad asistencial. La parlamentaria se muestra preocupada por la decisión que pueda tomar el organismo, dada la reciente irrupción de la extrema derecha, marcadamente antiabortista, en los gobiernos autonómicos, que deberán aplicar la norma estatal.