El Gobierno no cede en su recorte al trasvase Tajo-Segura y Ximo Puig sigue presionando para alcanzar un acuerdo

“Hemos trasladado en persona al secretario de Estado nuestro malestar por los cambios que se han producido en el texto que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua, en la disposición adicional novena, y lo que queremos es que se vuelva a ese acuerdo, que se vuelva a ese consenso a partir del diálogo y de la reivindicación de la que hemos formado parte esta mañana. Por tanto queremos que se vuelva al consenso que supone el equilibrio entre la sostenibilidad y garantizar el agua a nuestra agricultura”.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Transición Ecológica y Emergencia Climática, Isaura Navarro, se ha pronunciado así tras la reunión que mantuvo este miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que no se produjeron avances sobre el conflicto surgido por la modificación de la mencionada disposición adicional, lo que en la práctica supondrá la llegada de la mitad de agua a la provincia de Alicante vía trasvase Tajo-Segura a partir del año 2027.

Navarro desmintió las palabras de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, en las que aseguró que el borrador del real decreto que se ha trasladado al Consejo del Estado, contra el que la Generalitat Valenciana ha presentado alegaciones, es el mismo que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua: “Evidentemente el texto que se ha traslado al Consejo de Estado no es el que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua como le hemos dicho al señor Morán”.

La consellera, que ha explicado que la reunión ha sido cordial pero breve y que no se ha dado respuesta a los diferentes planteamientos que se han realizado, ha comentado que esperan la respuesta a sus alegaciones la semana que viene y ha descartado que la manifestación que se produjo por la mañana sea contra el establecimiento de un caudal ecológico, como también ha afirmado la ministra Ribera.

“En absoluto, la presencia del Gobierno valenciano no es contra el establecimiento del caudal ecológico, sino al contrario, lo que queremos es que el caudal ecológico esté determinado de acuerdo a la realidad del río. Lo que no tiene sentido es hacer unas inversiones para mejorar la situación del río y que después sí o sí el caudal se suba. Lo que queremos es que se determine cada año según el estado del río si el caudal se ha de subir”, ha puntualizado Navarro.

Con todo, las conversaciones entre el Palau de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Transición Ecológica siguen en marcha fuera de los focos mediáticos para tratar de cerrar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Y es que, este conflicto no beneficia a ninguna de las partes a cinco meses de unas elecciones en las que los resultados en la provincia de Alicante pueden ser decisivos para que Ximo Puig mantenga el Gobierno valenciano. Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánches, necesita unos buenos resultados en la Comunitat Valenciana para apuntalar la reedición de su Gobierno.

Contenido de la disposición adicional eliminada

El borrador aprobado por el Consejo Nacional del Agua, que contó con el voto favorable de Castilla-La Mancha y con la abstención de la Comunitat Valenciana, incluye un caudal ecológico (caudal mínimo para poder trasvasar agua) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027.

La disposición ahora eliminada establecía que “si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026”, o lo que es lo mismo: no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura. En definitiva, se trata de realizar un seguimiento antes de 2026 que permita revisar los caudales previstos en función del avance de las medidas correctoras para compensar con agua desalada el menor aporte del trasvase.

Miles de regantes de Alicante, Murcia y Almería se manifiestan

La concentración convocada por el sindicato de regantes del trasvase Tajo-Segura (Scrats) contra la planificación hidrológica del Gobierno que asegura un caudal ecológico al río Tajo como demanda la ley llevó este miércoles a miles de regantes, a empresas y políticos ante la fachada del Ministerio de Transición Ecológica con lemas como “el levante sin agua, desierto y paro”.

“Esto no va de ecología”, decía el speaker de la concentración. “¿Quién va a llevar las verduras a los supermercados? ¿Las van a traer de Marruecos? A lo mejor es lo que quieren, que las traigan de Marruecos”, alentó para luego animar al público: “Ministra dimisión”.

Hasta Madrid se desplazó el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), un habitual cuando los regantes arremeten contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez representado por la vicepresidenta tercera Teresa Ribera. Pero también se pasaron por allí el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano Martínez (PSOE), para decir que “un millón de personas del sureste español beben” del agua del trasvase, o en el caso de la provincia de Alicante el de Elche, Carlos González, y la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, ambos también socialistas. El próximo candidato de Compromís a la presidencia de la Comunitat Valenciana, Joan Baldoví, también estuvo presente, así como la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y los líderes valencianos del PP, Carlos Mazón, y de Vox, Carlos Flores.

“Más alto que no se oye”, se quejaba una manifestante cuando se pedía gritar por la dimisión de la ministra Teresa Ribera. La vicepresidenta tercera contestó este martes que la planificación responde, “por primera vez”, a la realidad que impone la crisis climática: “Ciclos mucho más largos de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros”.

“No nos pueden quitar el trasvase. No lo vamos a consentir”, proseguían los manifestantes. El plan del Ejecutivo es que el volumen que no se bombee pueda sustituirse con otros recursos como las desaladoras. “Es cuatro veces más cara. ¿Quién puede pagarla?”, contestan automáticamente los regantes.