“Como la línea de alta tensión para suministrar energía eléctrica a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) [del Puerto de València] quedó anulada por sentencia en 2017, la fuerza jurídica de lo fáctico, es decir, el argumento de que el polígono ya está construido y por tanto el suelo se debe considerar urbanizable porque ya está urbanizado, pierde fuerza puesto que carece de un servicio esencial como es el suministro eléctrico; por tanto, ese suelo seguiría necesitando de una modificación de planeamiento para que la ZAL fuera legal, algo que nunca se ha hecho”.
Así explican fuentes del colectivo Per l'Horta uno de los últimos argumentos que han aportado al litigio que mantienen con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y con la Conselleria de Obras Públicas por la aprobación de la ZAL.
La demanda fue interpuesta hace casi un año y en ella se cuestiona la legalidad de la aprobación autonómica del Plan Especial de la ZAL del Puerto de València, una actuación que supuso la recalificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola y que ya fue dos veces anulada por sendas decisiones judiciales, con lo que quedó el suelo por tanto en la situación original, es decir, de especial protección agrícola.
Desde el colectibo indican que la administración defiende que cuando un suelo se ha urbanizado genera una capacidad normativa y en este caso considera que al estar ya construida la ZAL el suelo debe tener consideración de uso urbano.
Sin embargo, argumentan que para que se dé esa consideración el recinto urbanizado tiene que tener habilitados los servicios básicos, es decir, acceso rodado, agua, saneamiento y suministro energético.
El pasado 10 de febrero la entidad aportó a la causa pruebas documentales de que la línea de alta tensión que debe suministrar a la ZAL, aprobada en el año 2000, se anuló por sentencia judicial en 2017, por lo que entienden que en ningún momento se puede considerar el terreno como urbanizado.
La administración demanda entiende que ese proyecto de la línea de alta tensión se modificó y aprobó en 2005, pero Per l'Horta ha aportado pruebas de que ese modificado solo establece que la línea debe ser soterrada y no aérea, pero no hace referencia al suministro, que es lo que se anuló judicialmente.
La Conselleria de Obras Públicas aprobó un año más tarde, en diciembre de 2018, el Plan Especial de la ZAL, es decir, el documento urbanístico para regularizar su situación, objeto del recurso judicial, pese a que el suministro eléctrico estaba anulado por una sentencia.
“Sin el suministro eléctrico en regla, la única fórmula por la que el suelo de la ZAL se podría convertir en urbanizable es mediante un cambio de planeamiento que nunca se ha ejecutado”, afirman.
En una providencia dictada por la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el magistrado da cuenta de que acepta los documentos como nuevas pruebas para la causa.
Esta es la última resolución que se ha dictado hasta ahora, puesto que, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la actividad judicial no esencial y los plazos procesales para cualquier recurso están suspendidos por la vigencia del estado de alarma, de momento, hasta el 10 de mayo.
El Consejo General del Poder Judicial deberá determinar próximamente si prorroga dicha suspensión, tras la prórroga del estado de alarma aprobada recientemente por el Parlamento.
A esto se suma que, como informó eldiario.es, con los procesos judiciales paralizados, el Ayuntamiento aprobó recientemente el proyecto presentado por la Autoridad Portuaria de València para subsanar las deficiencias urbanísticas del recinto. Las entidades ecologistas consideran que el Consistorio se expondría a abonar indemnizaciones a los perjudicados si los juzgados volvieran a tumbar la apertura de la ZAL.
Tercer intento de apertura de la ZAL
Este es el tercer intento para la puesta en marcha en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València de un plan que podría verse frustrado de nuevo 22 años después de su construcción, la cual supuso una inversión de 160 millones de euros.
La construcción del polígono se vio envuelta en la polémica desde el principio por la expropiación forzosa de los vecinos de La Punta y por las irregularidades en la tramitación urbanística del proyecto, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2013, y después por el Supremo en 2015.