La arbitrariedad para calcular las liquidaciones anuales en los departamentos de salud públicos privatizados en la anterior etapa del PP al frente del Gobierno valenciano, y la consiguiente judicialización de los mismos, es uno de los aspectos que destaca la Sindicatura de Comptes en su último informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat Valenciana relativo al ejercicio 2022.
El documento dedica un apartado a las concesiones sanitarias y a las liquidaciones pendientes con la Conselleria de Sanidad, la diferencia entre lo inicialmente abonado por el sector público y el coste real de los servicios, con las compensaciones administrativas penitentes. El cálculo se realiza cada año en función de unos criterios marcados por la Administración y trasladados a las empresas concesionarias en las llamadas comisiones mixtas.
Según refleja, “a fecha 31 de diciembre de 2022 había 40 liquidaciones anuales pendientes de aprobar por los cinco contratos de concesión de asistencia sanitaria”, es decir, Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche-Crevillente. “En cuanto a los importes estimados por la Consellería de Sanidad de las liquidaciones pendientes de aprobar (411,1 millones de euros en julio de 2023), pueden modificarse a lo largo de su tramitación y por el pronunciamiento de los tribunales”, dice el informe.
Paralelamente, “la consellería aprueba expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto a favor de las concesionarias por importes muy significativos, para el pago de gastos derivados de servicios prestados por las concesionarias no previstos en los contratos iniciales”.
Todo esto “introduce una incertidumbre sobre el impacto de los derechos y obligaciones pendientes de reconocer en la Cuenta de la Administración”, destaca y añade: “En 2022 se han aprobado ocho liquidaciones por un importe de 164,4 millones de euros a favor de la Administración, con observaciones significativas de la Viceintervención General para la Administración sanitaria y se ha recorrido contra todas ante los tribunales. No podemos opinar sobre la razonabilidad de los derechos reconocidos por las limitaciones al alcance puestas de manifiesto en el Informe”.
Cambio de criterio en las liquidaciones
En julio 2023, “se han aprobado las dos primeras liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010 de la concesión de l'Horta-Manises, que suman 22,2 millones de euros a favor de la Administración, importe muy inferior al estimado por la Consellería en los últimos ejercicios, en los cuales se aplicaba un criterio más amplio en la facturación de la libre elección a favor de la Administración”.
Como ya informó elDiario.es, esta liquidación implica una rebaja de 47 millones de euros a Sanitas, empresa gestora del hospital de Manises, con respecto a lo anteriormente reclamado por el Gobierno valenciano, tal y como denunció el diputado de Compromís, Carles Esteve.
Según Esteve, el Gobierno de PP y Vox ha cambiado de criterio sin reunir a la comisión mixta encargada de la materia los criterios que establecen las liquidaciones. Se trata de las cuentas de los ejercicios de 2009 y 2010. Aquello que en abril de 2022, cuando gobernaba el Botánico, según los cálculos de la conselleria, daba un resultado a favor de la administración pública de 69,8 millones de euros, al producirse el cambio de gobierno se ve rebajado a solo 22,2 millones de euros, lo que supone perdonarle a Sanitas 47,6 millones, sin ninguna justificación. Por este motivo Esteve ha pedido que se acuerde un criterio común a la hora de calcular las liquidaciones que no suponga ventajas para las empresas.
En 2024, continua el documento, está prevista la finalización de los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral de los departamentos de salud de Dénia (31 de enero) y de l'Horta-Manises (6 de mayo). El departamento que dirige Marciano Gómez ha comunicado a las concesionarias su intención de no prorrogar los contratos y ha facilitado las normas de reversión un año antes de la finalización prevista, tal como prevén los pliegos de cláusulas administrativas.
Desde la Conselleria de Sanidad explicaron tras la denuncia de Esteve que las liquidaciones se aminoraron por los anteriores gestores en cumplimiento de una sentencia judicial relativa a los ejercicios 2009 y 2010. La portavoz de Sanidad del PP valenciano, Nieves Martínez, indica que “en 2018 fue nada menos que el Tribunal Supremo el que enterró el plan de la consellera de Sanidad Carmen Montón para calcular las liquidaciones a las concesiones sanitarias. El Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Valenciano que avaló la forma de calcular las liquidaciones planteadas por el departamento de salud de Manises, gestionado por Sanitas”.
Sin embargo, según el diputado de Compromís, “el fallo judicial se limita a anular la resolución que establece la liquidación de 69,8 millones aprobada por la administración, pero no establece cuantía alguna ni fórmula concreta para calcularla”.