Canal 9, la televisión autonómica valenciana, dejó de emitir en noviembre de 2013. El despido de la mayoría de sus 1.600 trabajadores, en mayo de 2014, costó 150 millones de euros. Un año más tarde, Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) sigue jurídicamente viva porque no ha sido liquidada y los partidos que pueden formar gobierno en la Generalitat quieren reabrirla a gran velocidad. Concretamente, el 9 de octubre, el día de la Comunitat Valenciana.
No será fácil. Como el cierre, que se ha convertido en imposible. El embrollo jurídico-legal es de espanto, y la empresa aún tiene 60 trabajadores en nómina, en las áreas laboral, jurídica o económica. La liquidación de sus deudas y bienes y la solución de sus múltiples frentes judiciales (una denuncia del PSPV-PSOE ante el Tribunal Constitucional por el cierre, un juez investigando el agujero de más de 1.000 millones creado por los gestores nombrados por el PP y una demanda del sindicato CGT contra el ERE de extinción de empleo, por citar algunos) puede tardar años.
Resucitarla o crear una tele nueva
En ese contexto, el PSOE, Compromís y Podemos quieren reabrir Canal 9. O crear una nueva televisión pública. Administrativamente, se debería aprobar una ley que derogara la que decretó el cierre y permitiera la apertura de una nueva o la recuperación de la anterior. Y aquí empieza el lío. Los sindicatos defienden la anulación del despido colectivo y la readmisión de todos los trabajadores. “En caso contrario, la nueva televisión podría ser tumbada por los tribunales por incurrir en sucesión de empresas”, explica Josep Lluís Fitó, de CCOO.
Es decir, no se puede despedir a una plantilla para luego contratar a otros trabajadores para hacer lo mismo en una empresa casi igual aunque con forma jurídica diferente. Los trabajadores que quisieran reincoporarse a la empresa cobrarían sus salarios desde mayo de 2014 –cuando casi todos dejaron de estar en nómina- pero devolverían sus indemnizaciones. Según un informe que maneja el comité de empresa, el coste de esa operación sería asumible: 14 millones de euros. “Lo caro sería reabrir la televisión y arriesgarte a una decisión judicial que probablemente calificaría de ilegal una nueva RTVV que no respetara los derechos de sus antiguos trabajadores”, dice Fitó.
Readmitidos todos los empleados que lo desearan, muchos asumen que se negociaría un nuevo ERE. Ximo Puig, el aspirante del PSOE, reconoce que la televisión no tendría “1.800 trabajadores, sino mucho menos de la mitad”. En Compromís y Podemos hablan sin tapujos de una televisión “sostenible”, aunque ningún partido ha concretado su modelo de televisión más allá de que este debe ser “público, en valenciano y de calidad”.
Recuperar (o no) a los trabajadores despedidos
Quien sí tiene un modelo es la Unió de Periodistes, la asociación más representativa del sector, con 1.000 afiliados. Su propuesta pasa por blindar la nueva RTVV del poder político –tras años de manipulación y despilfarro- y preparar Canal 9 para el futuro, multimedia y con fuerte presencia de internet. Entre otras muchas cosas, su propuesta no pasa por contar necesariamente con los antiguos trabajadores. Es más: estos deberían superar una prueba-oposición en la que, eso sí, contarían con puntos por su experiencia en el ente.
Su propuesta ha sido frontalmente rechazada por los sindicatos, ya que sugiere, apoyado en varios de los juristas que han asesorado a la Unió, que sería legal abrir una nueva televisión sin la antigua plantilla: la mencionada sucesión de empresa solo cabe si hay ánimo de defraudar, lo que no sería el caso. Este sería un nuevo gobierno abriendo una televisión diferente.
El plan de la Unió si es bien visto por una asociación de productores, Empreses Valencianes Audiovisuals Federades (EAVF). Esta asociación quiere una plantilla con muy pocos trabajadores –tres por cada millón de presupuesto, menos de 300 con el dinero que manejó la televisión el año del cierre - y que la mayor parte de las inversiones se dediquen, vía producción externa, a su sector. Eso si, apuesta por reabrir ya y readmitir, para luego despedir a la mayoría, a los antiguos trabajadores.
¿Se puede reabrir Canal 9 el 9 de octubre?
“Liquidar RTVV costará al menos tres años más. No podemos esperar. Hay que parar la liquidación, reabrir y negociar con los trabajadores los despidos para ajustar la plantilla a lo necesario”, dice Ximo Pérez, presidente de EAVF. En cualquier caso, ahora mismo nadie sabe cómo se debería recuperar Canal 9. Puig, en una entrevista a eldiario.es, lo reconoce: “Lo primero que voy a hacer es encargar a la Abogacía de la Generalitat que desbroce ese monumental lío que ha montado el PP. En todo ese marasmo lo que no quiero es abrir otro con una tercera televisión que cuente con una legalidad discutible. Hay una determinación: reabrir Canal 9. Y otra: hacerlo bien”.
¿Se puede reabrir Canal 9 “bien” el 9 de octubre? Diputados de varios partidos que han estado en la comisión parlamentaria de RTVV reconocen abiertamente que no lo saben. El lío jurídico-legal-económico es monumental. Ni siquiera se conoce exactamente el coste de la liquidación, que algunas fuentes cifran en 220 millones de euros. Fitó, de CCOO, cree que “legal y técnicamente es muy difícil”. Pérez lo ve “complicadísimo”.
Se debe constituir un gobierno, aprobar una ley, negociar la retirada de todas las denuncias presentadas (o asumir las que vendrían si no se recupera a la antigua plantilla) y tal vez definir el nuevo modelo para luego, quizá, readmitir a los despedidos para volver a hacer un ERE para muchos de ellos.
Además, hay diferentes sensibilidades en el eventual próximo gobierno. Puig y Enric Morera, número 2 de Compromís, han hablado del 9 de octubre como fecha clave repetidamente. Mónica Oltra, también de Compromís, y Antonio Montiel, de Podemos, prefieren tomar la decisión tras un análisis concienzudo de la situación. Cerrar RTVV -cuatro de los cinco liquidadores han dimitido- ha sido imposible. Reabrirla - o hacer una nueva- no será fácil.