Finales de febrero o principios de marzo. Esa es la fecha en la que en principio se firmará el precontrato para el regreso del Hospital de Dénia y de sus centros de salud a la sanidad pública. Así se lo han comunicado este viernes representantes de la Conselleria de Sanidad al Comité de Empresa en el transcurso de una reunión cuyos resultados marcan una especie de inicio de cuenta cero para la reversión sanitaria en la comarca y la marcha de la concesionaria Marina Salud.
En el encuentro hubo novedades. La reversión de Dénia no será igual que la de Alzira. Por “seguridad jurídica”, una expresión que siempre ha defendido el Consell de Ximo Puig. Para que no haya posteriores reclamaciones de la concesionaria ante los tribunales, se utilizará una fórmula legal diferente a la que se empleó en su día para el rescate del Hospital de Alzira: no se producirá una subrogación de empresa pura y dura, como sucedió en el centro de la Ribera, sino que el de la Marina Alta pasará a convertirse en una empresa pública.
Y eso es así porque los dos procesos son diferentes. En Alzira lo que le pasó fue que a la empresa se le acabó la concesión. En el de Dénia, ésta en realidad no expiraba hasta 2024. Así que por lo que ha optado el Consell de Puig, en aras de esa seguridad jurídica, es por la adquisición de las acciones de Marina Salud, en manos de dos empresas: DKV, poseedora del 65% de esas participaciones, y Ribera Salud, que tiene el 35%. Según Comisiones Obreras, uno de los sindicatos asistentes a la reunión, los altos cargos de la conselleria aseguraron que «las negociaciones siguen adelante con buena voluntad por la tres partes (Consellería de Sanitat, DKV y Ribera Salud) y que la intención es cerrar un acuerdo en breve, antes de elecciones».
Todas las centrales sindicales mostraron tras el encuentro un optimismo moderado. Aplaudieron la reversión, por la que llevan años luchando, pero mostraron dudas por la figura jurídica elegida, la empresa pública, ya que habían apostado directamente por la vía Alzira. Esa fue por ejemplo la opinión del SIMAP de Dénia, que se felicitó de que la reversión sea “casi segura”, pero exigió “todas las garantías jurídicas” para que no haya marcha atrás, ni siquiera si después de las elecciones de mayo se produce un cambio en el gobierno autonómico.
En este inicio de la cuenta cero hay todavía muchas incógnitas. Una reside en la cuantía económica que finalmente desembolsará la Generalitat para la reversión. Y otra, en cual será el estatuts de los trabajadores con esta fórmula específica escogida para Dénia. Comisiones Obreras apuntó a que “el personal laboral continuaría trabajando en las mismas condiciones que actualmente”.
Por su parte, el Simap de Dénia señaló que los empleados de una empresa son también empleados públicos y que la subrogación de los actuales profesionales laborales se haría en unas condiciones similares a las de Alzira.
E Intersindical Salut manifestó que, según los representantes de la conselleria, el proceso de reversión sigue su curso “aunque no hay nada firmado”. En cuanto a la situación del personal, dice que hay varios puntos primordiales “para aproximar las empresas públicas a aquellas dirigidas directamente por la Generalitat: reducción de la temporalidad, creación de una bolsa extraordinaria para esta empresa pública (distinta de la de la conselleria para el resto de áreas) y la intención de igualar la formación de todos los trabajadores públicos”.
Esta central señaló que será necesaria una negociación con la conselleria para la mejora de las prestaciones laborales del Hospital de Dénia,“donde la tendencia será igualarse a las condiciones de los trabajadores públicos de la Generalitat».
Al encuentro con los sindicatos acudieron por parte de la conselleria el subsecretario de Sanidad, Juan Angel Poyatos; la directora de Alta Inspección, Maria Victoria Garrido, y el comisionado del Departamento de Dénia, Juan Puig.