El goteo de casos que han salido a la luz pública de políticos que se han aplicado la vacuna del coronavirus saltándose el orden establecido en los protocolos aprobados por el Ministerio de Sanidad han encendido las alarmas en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Hasta ahora ya son seis los responsables públicos que se ha confirmado que se han 'colado', en concreto, los alcaldes socialistas de Rafelbunyol, Fran López, El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, además del alcalde del PP de La Nucía, Bernabé Cano, el edil popular de Orihuela, José Galiano, y Juan Baustista Roselló, diputado provincial de Alicante también del PP encargado del centro de salud mental de la corporación.
En el caso de Cano y de Galiano, además, se da la circunstancia de que accedieron sin permiso e infringiendo la normativa a las residencias de sus municipios en las que se administraba la vacuna, motivo por el cual ha abierto una investigación la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que supondrá una sanción para los centros de hasta 30.000 euros.
Ante esta situación, desde Sanidad indican que el departamento de Salud Pública elaborará un informe para esclarecer los hechos. La secretaria autonómica, Isaura Navarro, explica que ha solicitado a todos los departamentos de salud información detallada de cuántas personas que no pertenecen a grupos de riesgo incluidos en la fase 1 han sido vacunadas, así como los motivos de estas situaciones.
Navarro prefiere no entrar de momento en posibles medidas disciplinarias al personal sanitario que no haya seguido el proceso. “Lo primero es recabar todo la información”, afirma.
En la mayoría de los casos, los políticos vacunados argumentan que se vacunaron porque les llamaron del centro de salud al existir viales sobrantes. Sin embargo, fuentes de Sanidad insisten en que no sobran dosis en ningún caso ya que si alguien del primer grupo (personas mayores de residencias, de fuera de residencias y personal sanitario y sociosanitario en contacto directo con afectados) se niega a ponerse la vacuna, se la deben ofrecer a otras personas del mismo grupo y, de no ser posible, el protocolo establece que se debe pasar al grupo 2, es decir, personal sanitario que no está en primera línea de riesgo.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad hechos públicos este lunes, la Comunitat Valenciana ha recibido 94.350 vacunas de Pfizer y Moderna, de las que ha administrado 93.695, es decir, el 99,3%, y es por tanto la que cuenta con el índice más alto de toda España.