Francisco Correa se quedaría el 50% de 72,1 millones de euros, unos 12.000 millones de pesetas de beneficios, para repartirlos entre sus socios y presuntamente con el alcalde. Eso revelaba un correo electrónico, que no está incluido en la documentación judicial de la trama Gürtel, sobre el intento de pelotazo que intentó en La Nucia (Alicante), el municipio por el que entró la organización corrupta en la Comunidad Valenciana.
Con Jacobo Gordon, amigo desde la infancia de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, como intermediario, y el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri como financiador, la operación consistía en comprar a Murcia Puchades SL, que ejercería como agente urbanizador, los terrenos de un PAI (Programa de Actuación Integrada) del que disponían de información privilegiada. Se trataba de destinar 10.000 millones de pesetas a comprar los terrenos para venderlos por 22.000 de pesetas. Traducido a euros, comprar por 60 millones para obtener 132 millones.
Correa lo resumía así: “Ulibarri pone la pasta y vamos al 50%. Y yo de ese 50% reparto con el alcalde, con Ramón Blanco, con Pablo Crespo... Y no me importa”
La relación de Orange Market, la terminal de la Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, con el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, era la condición previa de un pelotazo que debía superar algunos problemas ambientales que Correa estaba convencido de poder resolver. “Yo tengo el contacto con la persona, que es el hijoputa de Esteban Pons, que lo han nombrado conseller de Obras Públicas, que antes era de Presidencia, ¿os acordáis, el que estaba en el Senado?. Pues ese me lo arregla. Además, nos hemos hecho amigos del alcalde del pueblo”, decía Correa.
El negocio no prosperó, pero el PAI de Pie de Monte, de unos 840.000 metros cuadrados, siguió su tramitación en un Ayuntamiento de La Nucia que sigue presidiendo el mismo alcalde, Bernabé Cano, hoy también vicepresidente de la Diputación de Alicante. La aprobación en junio de 2013 de “la homologación del Plan Parcial del Sector Pie de Monte del municipio de La Nucia”, ha sido anulada por la directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana, Rosa Pardo Marín, en una resolución del 21 de diciembre de 2018.
La anulación es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que estimó el pasado mes de junio un recurso de casación contra una sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimaba un recurso presentado en 2017.
De esta manera, el plan urbanístico de Pie de Monte queda anulado. Pero el Ayuntamiento de La Nucia lleva otro procedimiento para legalizar esa actuación desde marzo de 2010 de forma idéntica, esta vez como parte de un concierto previo de revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
El precedente de la anulación judicial complica la legalización de una recalificación urbanística a la que el alcalde de La Nucia, como se ha visto, no está dispuesto a renunciar.