Las hermanas del empresario Vicente Prieto, presidente de la extinta constructora Secopsa, han declarado como investigadas este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargada de la investigación del 'caso Azud'. María Amparo y María del Carmen Prieto han asegurado que los 380.000 euros en metálico que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en sendas cajas de seguridad de Caixabank ha sido regularizado ante la Agencia Tributaria, según fuentes conocedoras de la declaración.
María Amparo Prieto era titular de una caja fuerte que contenía 300.000 euros en su interior. Su hermana María del Carmen almacenaba 80.000 euros en “billetes de alto valor” en la suya, según las pesquisas del Instituto Armado. Cada una posee una participación del 8,98% de la mercantil Saprico, de la extinta constructora Secopsa, investigada en la causa y presidida por Vicente Prieto.
La firma, sólo entre 2006 y 2008, obtuvo casi 100 millones de euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia. La constructora aportó fondos a la campaña electoral de Rita Barberá del 2007 a través del entramado del Grupo Laterne, tal como ha acreditado la investigación de la pieza separada A del 'caso Taula' tras la confesión de un arrepentido.
La caja de seguridad localizada en la sede de Caixabank en la calle del Pintor Sorolla número 2 de Valencia quedó precintada tras el registro de la UCO. La defensa de María del Carmen Prieto ya solicitó en un recurso que le devolvieran los fondos, aunque la jueza instructora denegó la petición. La “abultada cantidad de metálico intervenido”, recordaba la instructora, era objeto de una investigación por parte de la Agencia Tributaria.
Una de las hermanas Prieto ha declarado que los fondos de la caja fuerte provenían de la venta, por medio millón de euros, de una de sus empresas. También ha detallado ante la jueza instructora que el hecho de que el metálico estuviera clasificado en sobres era para distinguir su dinero del correspondiente a su marido y a las estrenas de sus hijos. La otra investigada ha alegado que los fondos localizados por la UCO eran para los gastos de una hermana que vive en el extranjero.
“Absoluta indefensión”
Los fondos se habrían regularizado ante Hacienda mediante una declaración complementaria, según han afirmado. La defensa de Carmen Prieto lamentaba la “absoluta indefensión” de la mujer al presumir los investigadores que los fondos tenían un origen ilícito. “El dinero se encontraba depositado en una entidad bancaria y no enterrado en el jardín”, alegaba su letrada en un recurso.
En la misma tanda de declaraciones también estaba citado el dirigente del PSPV-PSOE Joan Navarro, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la sociedad pública Acuamed entre 2006 y 2008. Navarro figura como investigado en la causa por su supuesto papel en el suministro de agua para un proyecto urbanístico de la trama del 'caso Azud' en Xixona (Alicante), pilotado por el empresario Jaime Febrer con el asesoramiento José Luis Vera, un letrado históricamente vinculado a los socialistas valencianos al que Joan Navarro conocía al haber trabajado con su mujer (la exdiputada autonómica María Antonia Armengol) en las Corts Valencianes una década antes.
Navarro ha declarado que Vera le fue presentado en calidad de abogado de Febrer. El investigado ha reconocido que se reunió con Vera pero ha matizado que el encuentro se dio en el marco de su trabajo en la empresa pública de explicar cómo se tenían que firmar los convenios. Navarro ha declarado que fue contactado por el Ayuntamiento de Xixona para tratar sobre el abastecimiento del agua del Plan de Actuación Integral (PAI) a través de la desaladora de Muxamel-Campello. La operación, según ha recalcado, nunca llegó a ejecutarse.
El proyecto, por el que la entonces alcaldesa del PP Rosa María Verdú Ramos recibió medio millón de euros de la trama del 'caso Azud' a través de una empresa pantalla, quedó en nada al ganar el socialista Joan Verdú las elecciones en 2007.