Mónica Oltra ya no tiene, tras su dimisión, el doble aforamiento como parlamentaria autonómica y como miembro del Ejecutivo valenciano. Tras el giro de guión, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) pierde la competencia y deberá dictar una resolución para devolver las actuaciones al juez Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, el órgano competente territorial y objetivamente para investigar los hechos.
La dimisión de Oltra cambia el escenario de su declaración, prevista inicialmente para el próximo 6 de julio ante el alto tribunal valenciano, y sitúa el futuro del caso en manos del juez instructor. Sin embargo, el nuevo escenario judicial que encara Mónica Oltra no es ni mucho menos desconocido para su defensa.
Si bien el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV mantenía que existen “indicios plurales” de una supuesta orden de Oltra para confeccionar un expediente reservado que desacreditara la versión de la menor tutelada y abusada por el exmarido de la dirigente de Compromís, con el objetivo de beneficiarlo procesalmente o de salvaguardar su propia carrera política, el instructor consideraba que los indicios eran “racionales y sólidos”. El juez aseguraba en su exposición de motivos para imputarla ante el TSJ-CV que Mónica Oltra no tuvo la “voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos”.
La ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana deberá responder, acompañada de sus letrados Daniel Sala y Miguel Ferrer, a una serie de cuestiones planteadas por el juez Vicente Ríos en resoluciones anteriores. A las preguntas del Ministerio Fiscal y de las acusaciones (formadas por el líder ultraderechista José Luis Roberto y la fundadora de Vox Cristina Seguí) tiene el derecho, en su condición de investigada, a negarse a contestar.
Preguntas retóricas
El juez instructor adelantaba una serie de preguntas a “nivel meramente retórico” en un momento procesal en el que Oltra aún no había declarado como imputada y que revelan por dónde irán los tiros. “¿Por qué se trata desde un primer momento de restar credibilidad a la niña?” o “¿Por qué ni siquiera se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor?” son algunas de las preguntas que planteaba.
La actuación de los funcionarios del departamento de Oltra podrían tener que ver, según plantea el juez, “con decisiones de la máxima responsable de la Conselleria en la que trabajaban o de la que dependían todos ellos”. El “beneficiario directo” del procedimiento de los funcionarios investigados era el exmarido de Oltra, aseguraba la exposición de motivos.
Además, el instructor también insistía en conocer en qué fecha se enteró Oltra de que la Fiscalía de Menores investigaba los abusos de Luis R. I. a una menor tutelada y cuál era exactamente la relación que mantenían en aquel momento. La ex vicepresidenta defiende que estaban en proceso de separación y que tuvo conocimiento de los hechos el 4 de agosto del 2017, el día en que fue notificado a su domicilio el auto por el que se imponían medidas cautelares al trabajador social (la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros del lugar donde se encontrase la menor por un periodo de seis meses).
Otro de los puntos que destaca el juez son las declaraciones de Oltra en sede parlamentaria y en rueda de prensa sobre la incoación del expediente reservado sobre los abusos. “Inmediatamente que conocí la existencia de un procedimiento judicial de manera fortuita y alejada de mi responsabilidad política me puse en contacto con mi jefe de gabinete”, dijo en una comparecencia en las Corts Valencianes el 21 de abril del 2021. La dirigente de Compromís pretendía recabar información para “exigir la máxima pulcritud y diligencia y la mayor protección de la joven”.
Su jefe de gabinete informó al subsecretario de la vicepresidencia “de la situación” el 7 de agosto y, al día siguiente, la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero (también investigada en la causa), ordenó la apertura de un expediente informativo. Aunque en sus alegaciones ante el TSJ-CV Oltra matizó sus palabras, en otro momento había afirmado: “El expediente lo encargué yo”.
Aclarar la cronología de los hechos
Así, la ex vicepresidenta deberá aclarar ante el juez la cronología de hechos entre el momento en que es conocedora de la situación judicial de Luis R. I. y la incoación del expediente interno por parte de su departamento, “una investigación paralela carente aparentemente de todo sentido”, según el instructor.
Tal como destaca el magistrado Vicente Ríos, el 8 de agosto del 2017 (es decir, cuatro días después de que Oltra se enterara de la situación de su cónyuge, según su versión) la subdirectora Gema Plaza, en un escrito dirigido a la subdirectora territorial, solicitaba la apertura de un expediente informativo “a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos”.
El documento, titulado “información reservada”, tenía la intención de “determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente”, según abunda el instructor, que lo tilda de “expediente disciplinario”. “No deja de llamar la atención el sesgo del informe y su dureza respecto a la menor”, apostillaba el juez Vicente Ríos.
El informe encargado a la Fundación Espill dudaba de la credibilidad de la niña. Sin embargo, la pericial encargada al Instituto de Medicina Legal avalaba los abusos a la menor tutelada, por los que fue condenado el trabajador social en una sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que aún está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo.