Hartos de esperar soluciones que aseguran que no llegan, la asociación Adafi-Alicante, que aglutina a los afectados de la estafa de las clínicas dentales low cost iDental, acudió este viernes a la Fiscalía Provincial de Alicante donde registró una denuncia contra “la dejadez” y “el silencio” de cargos públicos, técnicos y administraciones como el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, la dirección general de sanidad de la provincia de Alicante, la Conselleria de Sanidad Universal y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
“Denunciamos, por la inacción mostrada por los organismos encargados de la vigilancia de estas clínicas privadas y de los ‘profesionales’ que en ellas operaban, así como por la ineficacia de los procedimientos establecidos tras el cierre de las clínicas, que el objetivo de estos organismos es no asumir ninguna responsabilidad en lo ocurrido y para ello se intenta agotar y aburrir a los afectados, eximiéndose de cualquier posible actuación y presentando este problema sanitario y de consumo como si no tuviera solución”, afirman en un comunicado.
Como ha venido contando este medio, Adafi insiste en que tras el cierre de la cadena sin previo aviso en junio de 2018 les siguen llegando pacientes “a diario” que se han quedado con los tratamientos a medias; “cientos presentan tratamientos muy deficientes, mala praxis y negligencias, daños y lesiones, además de un gravísimo deterioro emocional y psicológico, que incluso limitan hacer vida social o buscar trabajo con normalidad”, añaden.
Una situación que sigue generando confusión y desorientación entre los pacientes que no saben cómo proceder. “Se sienten desorientados, deambulando de un organismo a otro y desamparados por las administraciones”, explican. Y es que siguen echando en falta coordinación por parte de las administración local, provincial, autonómico y estatal para establecer una mesa de trabajo entre las instituciones competentes en materia de sanidad y consumo, colegios profesionales del sector y plataformas de afectados.
“Ni siquiera han emitido un protocolo de actuación efectivo, ni nos han ofrecido asesoramiento y una atención específica al afectado, ni una línea telefónica donde poder preguntar. No han destinado ningún tipo de ayuda económica para valoraciones de diagnósticos e informes periciales, tampoco ninguna cuantía para atender a los casos más graves que ya no pueden esperar más, dejándonos en una situación deplorable”, puntualizan.
A este respecto, se sigue sin disponer de un censo de afectados, ni un registro donde inscribirse como tal, ni tan siquiera una clasificación por tipología de afectación ni siquiera cifras oficiales reales de los más de 500.000 pacientes atendidos por los 26 centros repartidos por las distintas ciudades del territorio nacional.
Mención especial le dedican a los ayuntamientos donde aseguran que también se están encontrando las puertas cerradas porque ni les facilitan centros sociales, atención psicológica o la ayuda de servicios sociales, ni elevan las mociones que han solicitado a los plenos, poniendo como último ejemplo la corporación de Alicante ciudad donde directamente se ha retirado.
Investigación paralela
En la denuncia también solicitan a la Fiscalía Provincial, Autonómica y General del Estado una “investigación paralela” a la existente en la Audiencia Nacional, que se está llevando a cabo sobre las empresas y los administradores de la compañía, a los cuales se les han atribuido presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública.
Reclaman por tanto otra línea de investigación dirigida a los responsables de la administración “con la finalidad de determinar las responsabilidades que han tenido sobre el caso iDental”, el cual asumen como “una auténtica estafa sanitaria y el mayor escándalo de salud bucodental y de consumo de nuestra historia”.