Un juez de Orihuela ha imputado por un delito de prevaricación a toda la junta de gobierno del ayuntamiento de la ciudad –nueve concejales, todos del PP- durante el anterior mandato. Los ediles pudieron haber delinquido al pagar de manera irregular muchas facturas por servicios diversos a empresas de Ángel Fenoll, el empresario clave en la trama de corrupción bautizada como caso Brugal.
La decisión del juez responde a la denuncia presentada por el PSOE en 2008. Antonia Moreno, exconcejal socialista, puso en conocimiento del juzgado que la junta de gobierno adjudicó y pagó trabajos “no sometidos a permisos o sin contrato”. El beneficiario de esos pagos fue Fenoll.
El empresario, de sobrenombre, el hombre del saco, está siendo investigado porque pudo financiar ilegalmente la campaña electoral del PP de Orihuela en 2007. Precisamente la junta de gobierno de ese partido –la ahora imputada- le concedió la contrata municipal de basuras tras ganar con mayoría absoluta las elecciones.
¿Paraíso de la corrupción?
La sorpresa por la imputación del anterior gobierno municipal es relativa. 7 de los 12 concejales del PP en el actual mandato, ahora en la oposición, también están imputados, entre ellos la exalcaldesa, Mónica Lorente, que no estaba en la junta de gobierno entre 2007 y 2011. Cinco, por el caso Brugal. Otro edil ha sido condenado por una falta de lesiones leves y amenazas durante una refriega en las fiestas de una pedanía.
La ciudad concentra alrededor de un tercio de las investigaciones abiertas por corrupción en la Comunitat Valenciana, cuatro de sus siete alcaldes desde 1997 han sido condenados o imputados por delitos de esta naturaleza. El PSPV hasta disolvió su agrupación local cuando era liderada por el exalcalde Francisco García Ortuño, ahora también imputado por el caso Brugal.