Al empresario jubilado Nicolás Agudo ya le conocen en el Palau de Justicia de Dénia. Y mucho. Ha acudido allí en un incontable número de ocasiones para reclamar eso, justicia. Por un momento pareció lograrlo porque el juicio por la trama de Aguas de Calpe, de la que Agudo resultó el máximo perjudicado, iba a celebrarse para finales de este próximo mes de septiembre después de 19 largos años de espera, pero el caso ha vuelto a aplazarse y ya van unas cuantas veces.
Agudo, que ahora tiene 70 años, acudió el pasado lunes otra vez a los juzgados para presentar una queja por este nuevo retraso, que achaca a “argucias y artimañas” de la defensa. Son ocho procesados, entre ellos el exconcejal de Calp y exdiputado del PP Juan Roselló, quien en su época acumuló mucho poder en el municipio, y su cuñado Francisco Artacho, que ejercía de conseguidor de contratos públicos.
Roselló y Artacho están acusados de pertenecer a un entramado de empresas pantalla que, según las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, se adueñó a partir de 2004 de más de un millón de euros de dinero público en teoría destinado a la renovación de la red de agua de Calp. Al final, los trabajos fueron adjudicados a ExcaGata, la empresa de Agudo, que los hizo de verdad, pero la trama le dejó a deber 245.233 euros. Eso le arruinó.
Por qué vuelve a pasar
En la queja que presentó el pasado lunes ante el juzgado de instrucción número 1 de Dénia, Agudo denuncia que el procedimiento vuelve a sufrir un nuevo retraso por causas que en pleno siglo XXI son difíciles de entender.
Primero, que el juzgado ha detectado un defecto formal porque no se le ha notificado la vista a la mercantil Montubo de Salvador Ibarra, otro de los acusados, cuya firma actuó de intermediaria para que ExcaGata realizara las obras. Pero es que por si fuera poco, la queja agrega que la notificación se halla paralizada porque un funcionario está de baja, tiene roto un dedo. Por fin, un abogado también ha pedido el retraso de la vista ya que tiene otro juicio para esos mismos días. Por si fuera poco, hasta siete jueces han llevado la instrucción del caso.
Los acusados y las penas
El Ministerio Público reclama 9 años de prisión para Juan Roselló y Francisco Artacho por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude continuado, y por el de estafa. ¿Por qué?
Aguas de Calpe, la empresa mixta del abastecimiento, contrató sin concurso público a una empresa de buzoneo de Artacho, que luego se reconvirtió a Obras Hidráulicas de Levante, por 3,1 millones de euros. Pero la firma de Artacho no hizo nada y volvió a subcontratar la actuación a Montubo, que a su vez encargó las obras de verdad a Exca-Gata y a otra compañía, Vives Dalmau. Por el camino se perdieron un millón de euros que las dos últimas empresas nunca vieron.
Por todo ello también están acusados el consejero de Aguas de Calpe de la época Francisco Zorrilla y el gerente de la empresa mixta, Alberto Mut, para los que el ministerio público pide 7 años y 3 meses de cárcel. Mientras, Victoriano Sánchez y Antonio Ramón Céspedes, quienes según el fiscal sacaron 435.801 euros de la cuenta de Obras Hidráulicas para dárselos a Artacho, se enfrentan cada uno a 6 años de cárcel.
Por fin, solicita 9 años de prisión para Jesus Lara Santamaría, administrador de Obras Hidráulicas de Levante, la firma cuyo control ejercía Artacho, así como seis años de prisión para el gerente de Montubo, Salvador Ibarra. Esta es la empresa a la que ahora no se le ha podido notificar la vista.