Los docentes del sistema público valenciano se incorporan el próximo 1 de septiembre a sus respectivos centros para preparar el curso escolar. Sin embargo, la Conselleria de Educación, que dirige José Antonio Rovira, sigue intentando resolver las correcciones señaladas en la última lista de docentes interinos. Si bien en años anteriores el proceso estaba listo a principios de agosto, en el primer ejercicio de Carlos Mazón al frente del Ejecutivo autonómico formado por el PP y Vox, la adjudicación de plazas se ha desmadrado hasta tal punto que las listas contienen incorrecciones a las puertas del curso escolar. Un caos —o “marrón”, según la expresión del conseller— que ha irritado a la comunidad educativa, especialmente a los docentes afectados y a los sindicatos. Se trata de la primera crisis de gestión del nuevo Gobierno valenciano, que ha estallado antes del tradicional periodo de tregua de los 100 primeros días, y de la que el president Mazón ha culpado al Ejecutivo anterior de Ximo Puig. Más de 21.000 docentes, un tercio de la plantilla total, han sufrido los retrasos y desbarajustes en la asignación de sus destinos, en pleno mes de agosto de calor extremo y con la incertidumbre de no poder planificar el curso.
Al cierre de esta edición, a apenas siete días del inicio del curso, los sindicatos y los afectados siguen pendientes de las correcciones de los últimos errores. El conseller Rovira cifró en 400 las reclamaciones de este año por el proceso de adjudicación, aunque fuentes sindicales consultadas por elDiario.es estiman que “posiblemente irán en aumento”.
El departamento de Educación culpa al anterior equipo del Pacte del Botànic de una suerte de conspiración de Compromís y del PSPV-PSOE para torpedear al Gobierno del PP y Vox. El conseller Rovira anunció este jueves que ha pedido a la Abogacía de la Generalitat Valenciana que estudie medidas disciplinarias contra siete funcionarios “con responsabilidad directa en el proceso” de adjudicación de plazas por un supuesto abandono de sus puestos de trabajo (fueron cesados a petición propia antes del traspaso de carteras). Un anuncio sin demasiado recorrido dado que el propio conseller reconoció que “tienen el derecho de hacerlo”.
El origen de los errores, según Educación, está en el sistema informático, creado en 1999, que rige la provisión de listas. El actual equipo de la conselleria culpa a sus antecesores de haber desestimado la petición, en 2020, de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) para que se actualizara el programa. Una “tormenta perfecta”, según un informe sobre el proceso que hizo público el departamento autonómico este jueves. Un documento elaborado por el subdirector general de Informática el pasado 12 de agosto, sin firma digital ni membrete oficial (la Conselleria de Educación alega que en el correo electrónico en el que fue remitido sí que figuraba la firma del autor).
El documento, de seis folios, explica la complejidad del proceso respecto a años anteriores a consecuencia de dos elementos nuevos: el concurso de estabilización de funcionarios interinos y el cambio de cuerpo de los profesores técnicos de formación profesional. El departamento de Educación sostiene que la “obsolescencia del sistema informático” impidió una correcta distribución de las listas, que contenían numerosos errores.
Las comisiones de servicios, con un retraso de dos semanas respecto al calendario oficial de la Dirección General de Personal Docente, entre otros factores, propiciaron que hasta el 1 de agosto no se pudiera empezar a ejecutarse el proceso de adjudicación, según el informe. Si bien en años anteriores, el proceso se cerraba entre finales de julio y principios agosto, este año las primeras listas se publicaron la madrugada del 10 de agosto. El inédito retraso ya puso la mosca detrás de la oreja a los profesores afectados, que en muchos casos deben buscar una vivienda para el curso o matricular a sus hijos si les destinan fuera de su lugar de residencia.
“Vacío de poder en un momento crítico”
Las listas iniciales estaban plagadas de errores. “Ha habido colectivos enteros que no han salido bien en las simulaciones y los ajustes han requerido un esfuerzo mayor de lo habitual”, sostiene el informe sin firma ni membrete.
Además, la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, se ausentó de su despacho poco después de su nombramiento y no se reincorporó hasta el 10 de agosto, el mismo día en que se publicaron las primeras listas. La Conselleria de Educación sostiene que fue por un asunto familiar “delicado” y que estuvo en todo momento teletrabajando. Sancho, tras la rueda de prensa de este jueves, insistió en que no estuvo “de vacaciones”.
Sin embargo, el portavoz del mayoritario Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela, considera que hubo un “vacío de poder en un momento crítico”. Candela, en una entrevista en la revista El Temps, recuerda que las fechas en las que la directora general se ausentó “son días de estar en el despacho, encima del proceso y vigilando que todo el engranaje funcione correctamente”.
María Ángeles Herranz, la antecesora de Sonia Sancho, fue destituida el 28 de julio, una decisión del conseller Rovira que contrasta con la continuidad temporal en otros departamentos clave de la Generalitat Valenciana, como la lucha contra los incendios, de los cargos del Pacte del Botànic. Las listas publicadas el 10 de agosto iban firmadas por el secretario autonómico cuando siempre las había rubricado el titular de la Dirección General de Personal Docente, recuerda el sindicalista.
A medida que se acercaba el inicio del curso, el departamento de Educación iba corrigiendo, por fases y a duras penas, los errores en las adjudicaciones (cualquier incorrección en un puesto provocaba un efecto dominó que afectaba a la lista). En plena polémica por la “crisis sin precedentes”, según el sindicato UGT, el popular José Antonio Rovira anunció en un encuentro improvisado con docentes que se manifestaban a la entrada de la conselleria, en la avenida de Campanar de Valencia, un estudio para determinar si sobran profesores en el sistema público. Y es que Rovira ha puesto en el punto de mira el acuerdo de plantillas, firmado por la anterior consellera de Compromís, Raquel Tamarit, con todos los sindicatos y que ha supuesto un incremento de unas 3.800 plazas.
La Conselleria de Educación fue incumpliendo sus propios plazos y eternizando el proceso para desesperación del profesorado. Una situación inédita ya que nunca antes se habían producido retrasos de tal calibre. La enésima corrección de errores, publicada este miércoles, continuaba con errores, aunque de menor entidad. El conseller Rovira alega que el año pasado hubo 281 reclamaciones por las adjudicaciones de plazas (de las que se estimaron 86) mientras que este año ha habido, por el momento, unas 400.
La primera crisis de gestión grave del Gobierno valenciano de PP y Vox se ha prolongado prácticamente durante todo el mes de agosto. José Antonio Rovira descartó que la Conselleria de Educación indemnice, en materia de fianzas o alquileres, a los profesores que se hayan visto afectados por los retrasos, tal como pidió el STEPV. El PP, por su parte, ha vetado la comparecencia de Rovira en la diputación permanente de las Corts Valencianes, solicitada por la oposición. De este “marrón”, el conseller ha salido vivo.