El Gobierno de Carlos Mazón, como ya lo hiciera el de Francisco Camps con el fallido trasvase del Ebro, mantiene desde que tomara posesión como jefe del Consell una guerra abierta contra el Gobierno central por el agua para el sur de Alicante, una importante potencia agrícola. A esta embestida permanente del jefe del Consell se han sumado también de manera entusiasta las asociaciones de regantes que, en comarcas como la Vega Baja, no dejan de incrementar las hectáreas de regadío y, por tanto, la demanda de recursos en un momento en que la cuenca mediterránea sufre una importante sequía. Pero, ¿está justificada esta reivindicación de la Generalitat Valenciana o es una tormenta en un vaso de agua? ¿Por qué los datos que ofrecen las administraciones son tan contradictorios? ¿Es sostenible seguir incrementando hasta el infinito los recursos hídricos para agricultura habiéndose perdido millones de toneladas de limones a punto de recoger porque no alcanzaron un precio mínimo en el mercado? ¿Llegan más o menos recursos del Tajo-Segura que cuando Gobernaba Mariano Rajoy?
Justo esta semana y tras atender el Gobierno las demandas de los regantes del sur de la Comunitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha incrementado de manera importante los recursos que el trasvase Júcar-Vinalopó enviará a Alicante (comarcas del Vinalopó y Vega Baja) en el próximo año hidrológico, según anunció la entidad estatal esta semana. Así, los recursos pasarán de 7,9 hectómetros cúbicos de 2023 a los 15 este mes de octubre, para dispararse hasta los 22 en 2025. La propia Junta Central de Regantes del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha celebrado este incremento de recursos porque les permitirá “explotar menos los acuíferos”. Este importante trasvase envía agua a más de 22.000 regantes, según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, a través de un convenio que garantiza agua en los próximos diez años.
Para hacerse una idea de la situación fuera de debates polarizados, la Vega Baja, una de las comarcas más reivindicativas, ha incrementado su área de regadío de 35.323 hectáreas en 2018 a 37.449 en 2022, en pleno retroceso de este tipo de agricultura en la Comunitat Valenciana y con la actual sequía. Tras la guerra por el trasvase del Ebro, el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero lanzó un plan de desaladoras para la autonomía que han permitido mitigar la falta de agua para el consumo humano y para la industria del turismo, otra gran demandante de recursos. El precio de esta agua desalada no es suficientemente atractivo para los precios que maneja el campo, pero las plantas de Torrevieja o Mutxamel, tan criticadas en su día, son una fuente fundamental para la vida y el desarrollo económico en la zona.
Respecto al trasvase del Tajo-Segura, uno de los principales caballos de batalla del Consell con el Gobierno y al que se suman Murcia y Almería, los datos también desmienten la agresividad de las críticas. En cuatro años, el Gobierno de Mariano Rajoy trasvasó 829 hectómetros cúbicos, en los primeros cuatro años de ejecutivo de Pedro Sánchez se alcanzaron los 1.229, según los cálculos del Gobierno. Y eso que el Ministerio de Transición Ecológica ha incrementado, con el aval de la Justicia, los caudales ecológicos del Tajo para no sobreexplotarlo y garantizar su supervivencia.
Pero estas medidas son del todo insuficientes para el actual Gobierno de Carlos Mazón, que pide más agua y más inversiones. El propio presidente viene asegurando desde que tomó posesión que en los últimos cinco años de Pedro Sánchez ha habido 30 recortes en los envíos de agua del trasvase a la cuenca receptora. En ese sentido, Mazón cifra en 200 hectómetros cúbicos “la deuda hídrica” que el trasvase Tajo-Segura tendría con el sur de Alicante.
Por otra parte, esta supuesta guerra del agua ha servido para que tanto el Gobierno como la Generalitat anuncien cientos de millones de euros para Alicante en modernización de regadíos, ampliación de desaladoras y mejora de los trasvases. El propio Mazón anunció esta semana 33 millones para el desdoble del Júcar-Vinalopó, mientras que el Gobierno de España ha ejecutado 266,73 millones de euros para 77 actuaciones de modernización de regadíos, con una superficie modernizada de 55.773 ha y 55.773 regantes beneficiados. Con estas inversiones de dinero público al sector, tal vez, la agresividad en el debate esté menos justificada.