El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero' y su suegro, el empresario Mariano López tienen un plazo de 24 horas para abonar una fianza para cubrir la responsabilidad civil de 1,1 millones de euros.
La magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los procesados de la pieza separada D del 'caso Taula', referida a la contratación de un 'call center' de atención al público en materia de gestión tributaria, en la que la Diputación de Valencia ejerce la acusación particular. La jueza sostiene que el órgano competente para enjuiciar estos hechos es la Audiencia Provincial de Valencia y dirige la acusación contra Alfonso Rus, como presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa, malversación eón de caudales públicos y tráfico de influencias.
Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, se sentará en el banquillo de los acusados por los mismos delitos menos el de tráfico de influencias. Los empresarios Mariano López (suegro de Benavent) y Fernando Palomares están acusados como presuntos autores por cooperación necesaria de los delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.
El funcionario Salvador Deusa se enfrenta al banquillo como presunto autor por cooperación necesaria de los delitos de prevaricación, malversación y como presunto autor material por un delito continuado de falsedad en documento oficial. La cuñada de Mariano López, María Concepción Torregrosa, figura como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales. La jueza da un plazo de 24 horas para que los acusados presten fianza por 1,1 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias en materia de responsabilidad civil.
El 15% a través de una empresa pantalla
El servicio fue adjudicado a una empresa de un socio de Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent (autodenominado yonki del dinero). El 'call center' fue un auténtico desastre. De las 990.000 llamadas ofertadas por la empresa Servimum, sin experiencia en este terreno, se recibieron únicamente 264.847, de las que se atendieron apenas 169.175. Se dejaron de atender una 100.000 llamadas.
El exsuegro de Benavent cobró, a través de una empresa pantalla a nombre de su cuñada, 158.883 euros o, lo que es lo mismo, el 15% del precio de la contrata, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El funcionario encargado de confeccionar los pliegos del contrato, Salvador Deusa, era amigo íntimo del suegro de Benavent (de hecho, habían sido compañeros de colegio). La empresa Servimum SL, cuyo administrador y socio único era Francisco José Palomares Ruzafa, “no tenía experiencia previa en la prestación de servicios de atención telefónica”, destaca la magistrada instructora en el anterior auto de procedimiento abreviado de esta pieza separada.
La directora de Recursos Humanos planteó las deficiencias del servicio en una reunión con Rus, Benavent y el entonces vicepresidente de la Diputación, Emilio Llopis. Rus, según la declaración de la mujer, contestó que el servicio funcionaba y cuando le preguntó cómo podía ser que hubiera 11.000 personas sin atender, el expresidente de la institución provincial, que siempre se ha caracterizado por un peculiar sentido del humor, “le replicó que a lo mejor era una persona que llamaba 11.000 veces”.