Los concejales del Partido Popular (PP) de València, Marta Torrado y Carlos Mundina, no podrán ejercer la acusación particular en el caso de la estafa de cuatro millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) como miembros del consejo de administración de la entidad.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que advierte que no procede puesto que la EMT ya está personada en condición de perjudicada y como acusación particular.
Los concejales del PP solicitaron su personación en el caso por su condición de consejeros de la empresa pública por lo que el juez ha instado a que, si lo estiman, se personen como acusación popular, algo que el PP ya ha solicitado y que el juez ha aceptado.
Para ello, los populares deberán abonar una fianza de 1.000 euros. De esta manera, tendrán acceso a todo el sumario de la investigación tal y como pretendía la portavoz municipal del PP, María José Catalá, cuando la semana pasada anunció que el grupo popular se personaría en el caso.
La EMT insiste en que los pagos se controlan a diario
Por otra parte, la EMT insistió este miércoles en que los pagos de las facturas se revisan a diario y en que la directiva despedida se saltó todos los protocolos al asumir la ejecución de las trasferencias y la revisión de las cuentas
Según la empresa, hay un empleado que tiene como función la realización diaria de controlar el flujo de tesorería bancaria y la situación de las cuentas, es decir, valida que los pagos se correspondan con las facturas aprobadas por cada jefe de área: “en todo momento hay una persona encargada de realizar esta función que se denomina conciliación bancaria”.
Fuentes de la entidad explicaron que este es el procedimiento habitual y recordaron que “en abril de 2016 se adoptaron medidas adicionales de vigilancia que se sistematizaron en enero de 2017 por la actual gerencia, como unos de los elementos de control fundamental que no existían durante la etapa del PP”.
Así, según comentaron, en ningún caso el o la empleada encargada de controlar diariamente la tesorería puede ordenar o realizar pagos o transferencias desde las cuentas de la EMT y afirmaron que esos pagos se hacen mediante firma mancomunada del director gerente y la directora del área de gestión a través de la banca electrónica.
“En el caso objeto del fraude contra la EMT, la jefa encargada del control de las operaciones de caja así como de las facturas y órdenes de pago, se saltó todos estos procedimientos, además de no custodiar datos sensibles de la empresa, proveyendo detalles de los DNI y de las firmas de sus superiores, además de los modelos de pago”, detallaron.
Una cuenta de correo registrada en Israel
El análisis informático del ordenador de la directiva despedida, Celia Zafra, encargado por la EMT a Telefónica para determinar si existió un ataque informático en su equipo o alguna irregularidad que facilitara el fraude no aporta demasiada luz al caso.
Según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es, lo más destacado es que el equipo informático desde el que los estafadores se escribieron vía mail con Zafra estaba ubicado en algún país de habla francesa de África con una diferencia horaria de una hora menos con respecto a España, algo que se deduce de la configuración de localización del equipo. Además, los estafadores usan una dirección de correo registrada en Israel.
El documento concluye que no se han hallado pruebas de que el equipo de Zafra haya recibido un ataque externo ni de que la exdirectiva haya sido consciente del fraude que se llevando a cabo.