“Todo es pura envidia”. Así se defiende Jesús Ramos, secretario general de la Cámara de Comercio de Castelló, de la denuncia interpuesta el pasado 27 de septiembre ante la brigada provincial de policía judicial por una trabajadora de esta corporación, a la que ha tenido acceso Eldiario.es. Dos días antes, el 25 de septiembre, ésta se negó a rubricar la adjudicación, por 150.000 euros, del servicio de asesoramiento jurídico, financiero, contable, fiscal y laboral a la empresa Adade Castellón SL, cuyos administradores únicos son el propio Ramos y su esposa, María Soledad Miravet. La empleada, de baja médica por ansiedad, temía que su firma se viera involucrada en un presunto delito de vulneración de la ley valenciana de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. El caso ha llegado al juzgado de instrucción número 5 de Castelló.
La trabajadora también ha solicitado amparo a la Agència Valenciana Antifrau y desde el 18 de octubre cuenta con el estatuto de protección de la persona denunciante. Por su parte, el grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional rastrea si Ramos consintió que dos de sus empresas, Adade Castellón SL y Jesús Ramos Abogados SL, percibieran cuatro contratos de la Cámara, valorados en 348.500 euros. El período investigado abarca desde julio de 2016, cuando Ramos accedió a la secretaría general en funciones, cargo que asumió definitivamente el 23 de noviembre del 2017.
Cabe destacar que la función principal del secretario general es garantizar la legalidad de las actuaciones de la cámara y, por ello, presidir las mesas de contratación en las licitaciones. Es por ello que Ramos se inhibía en otros trabajadores para evitar adjudicarse a sí mismo. “Mis competencias son jurídicas y lo contratado con mi despacho son cuestiones económicas, de contabilidad. Si también fueran jurídicas sí incurriría en irregularidades por duplicidad”, defiende Ramos pese a que el encabezamiento de los pliegos de condiciones aluden claramente a la “contratación del servicio de asesoramiento jurídico”. Acto seguido matiza: “Lo jurídico es muy amplio: yo me dedico a unas cuestiones y mi despacho a otras”.
Entes decimonónicos
Las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público con origen en el siglo XIX y están tuteladas por las administraciones. En el caso de las cinco cámaras valencianas, la Conselleria de Economia Sostenible supervisa que funcionen correctamente. Sus órganos directivos son escogidos por empresarios, “por lo que no serían altos cargos en aplicación de la ley de contratación pública, ya que no son funcionarios públicos ni son designados por la conselleria”, sostiene Natxo Costa, subsecretario de Economia Sostenible. Por esta razón, Costa avala que la Cámara de Castelló contrate a Jesús Ramos y al mismo tiempo adjudique a su despacho los contratos más cuantiosos a licitación. “Se han emitido informes tanto nuestros como de la cámara y no hemos visto ilegalidad, puesto que [Ramos] no participa en los concursos a los que se presenta su empresa. Estamos tranquilos, creemos que todo acabará archivándose”, acota.
Esta situación es posible porque en julio de 2016 Ramos accedió en funciones a la secretaría general a cambio de que la conselleria le diera permiso para compatibilizar, a razón de tres horas diarias en la cámara, con el de su despacho. En un principio el propio Ramos calculó en 700 euros mensuales esta dedicación y la restó de la adjudicación que ese mismo mes había recibido su empresa por 72.000 euros. El 23 de noviembre de 2017, tras acceder definitivamente a la plaza, volvió a obtener la autorización de la conselleria de trabajar sin dedicación exclusiva, aunque en esta ocasión por un salario de 60.000 euros anuales.
Jesús Ramos es el único secretario general de cámaras en España que trabaja a tiempo parcial. “Un caso raro”, según Natxo Costa, quien señala: “Por el volumen de negocio en la cámara de Castelló vimos que era una barbaridad, desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos públicos, contratar a un secretario general a jornada completa”. Y respecto a la cuantía de la nómina, apunta que es una decisión de la propia cámara, donde la conselleria no tiene competencia.
El salario de Jesús Ramos es equivalente a del propio conseller de Economia Sostenible, Rafael Climent, quien percibe, por jornada completa y dedicación exclusiva, 61.205,76 euros, que sumados a los trienios y la indemnización por residencia, alcanza 77.071,76 euros anuales. Si se compara con otros secretarios de cámaras, la de Valencia, Ana Encabo, percibe 103.061,7 euros, y Andrés Sevila, de Alicante, 66.391,32 euros. Ambos por una dedicación completa que, de aplicarse a Ramos, ascendería a algo más de 120.000 euros anuales en una corporación donde por volumen de trabajo, tal y como reconocen desde la conselleria, no es imprescindible la dedicación exclusiva de su secretario general.
“Una vendetta”
Para Jesús Ramos, estas denuncias son fruto de “una vendetta” de esta trabajadora, con más de 30 años en la cámara. “Hemos detectado graves irregularidades, se está estudiando abrirle un expediente y es su forma de defenderse”, apunta el secretario general, aunque no precisa el tipo de ilícitos ni cuando se cometieron. No es el primer conflicto laboral al que se enfrenta Ramos, quien llegó a la cámara en julio de 2014 como asesor externo y ese año firmó, a través de Adade Castellón SL, su primer contrato por 52.000 euros. La presidenta de la cámara, Dolores Guillamón, le encargó sanear las cuentas de la corporación y Ramos promovió el ERE de una decena de trabajadores además de rebajar en un 10% el salario de la plantilla. Los despidos le enfrentaron con la entonces secretaria general en funciones, María Jesús Arenós, a quien promovió un expediente disciplinario que implicó el cese de su cargo, que acto seguido ocupó Ramos. Tras su salida, Arenós interpuso hasta cuatro demandas que fueron archivadas.
El secretario general defiende que sus métodos son rigurosos, pero efectivos: “Todas la cámaras pierden dinero, menos la de Castellón”, que obtuvo beneficios de 182.256 euros y 366.467 euros en 2018 y 2019, respectivamente. Ramos lo atribuye “a este sistema de secretario general a tiempo parcial y a externalizar”. “Estamos mirando hacerlo también con el sistema informático y de recepción”, añade. Desde su llegada, la Cámara ha visto externalizados los recursos humanos y la contabilidad a través de Adade Castelló.
Un negocio muy provechoso para Ramos. Esta empresa cuenta con 16 trabajadores fijos y en 2018 facturó 709.553,17 euros y obtuvo ganancias de 23.437,05 euros que se suman a los 47.916 euros del año anterior. El otro despacho relacionado con la Cámara de Castelló es Jesús Ramos Abogados SL, que en 2018 facturó 208.617,16 euros y ganó 41.179,85. Ambas firmas tienen como actividad principal ofrecer servicios jurídicos y cuentan como administradores únicos a Ramos y su esposa, María Soledad Miravet, quienes también comparten Antrilen SL, dedicada al alquiler de locales industriales y con un patrimonio neto de 5 millones. Por último, Miravet posee Concurso y Viabilidad SLP, que facturó 22.315,56 euros entre 2017 y 2018 pese a no declarar trabajadores.
Ramos y Miravet fueron citados por la Policía Nacional el pasado 22 de octubre, pero se negaron a declarar. “Lo reconozco, me van bien las cosas y gano dinero”, apunta el secretario general. “Todo es una cuestión de envidia”, insiste sobre el porqué “de tanto ruido”.