El testigo clave en dos causas judiciales de corrupción que afectan de lleno al PP valenciano cambió este miércoles diametralmente su versión de los hechos, en una insólita declaración que amenaza con debilitar la acusación en parte del 'caso Taula' y en su secuela: el 'caso Azud'. Los letrados de las defensas, especialmente el cuñado y la sobrina de Rita Barberá, no ocultaban su deleite ante el imprevisto bandazo protagonizado por Jesús Gordillo Jiménez de la Plata durante su declaración como testigo ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, en el marco del juicio por la pieza separada A del 'caso Taula'.
El presidente del tribunal le recordó al testigo en diversas ocasiones la definición del falso testimonio según el ordenamiento jurídico español, a tenor de las contradicciones evidentes entre su declaración en la fase de instrucción y su nueva versión interpretada en el juicio, que exculpa de plano a Alfonso Grau, exvicealcalde de València y principal acusado en la pieza A del 'caso Taula'.
Gordillo (Granada, 1970), licenciado en Económicas, trabajó en Correos entre 1988 y 1999, cuando se incorporó a trabajar como asesor de Grau en el Ayuntamiento de València. En 2005 pasó a ser gerente de la empresa Fervasa, dedicada al tratamiento de residuos, y dos años más tarde se incorporó a Laterne, el entramado usado supuestamente por el PP de Rita Barberá para financiar en B sus gastos electorales de la campaña de 2007.
Al año siguiente, tras la victoria electoral de Barberá en unos comicios a los que el PP de València se presentó dopado, Jesús Gordillo ocupó el puesto de adjunto al director de concesiones del grupo Secopsa, adjudicataria de contratos municipales. En el último mandato de Rita Barberá volvió a ser asesor de Grau, hasta que estalló el 'pitufeo' en 2015 y su relación con el PP (y, singularmente con Grau, su antiguo jefe) se fue al garete.
El testimonio de Gordillo fue clave para la investigación de la pieza separada A del 'caso Taula', relativa a la presunta financiación ilegal de las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015. El 1 de diciembre de 2016 declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO), en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix, y aportó datos sobre la mecánica de financiación en B del PP de Rita Barberá en las elecciones de 2007, a través del entramado de Laterne, perteneciente al empresario Vicente Sáez, ya fallecido.
Precisamente a Sáez le endosó en su declaración en el juicio el trasiego de dinero en efectivo, que ante la UCO adjudicó a Alfonso Grau. Haciendo suyo el refrán 'el muerto al hoyo y el vivo al bollo', Gordillo aludió al supuesto uso por parte del empresario de “cocaínas” (lo dijo en plural) y “prostitutas”. Dijo exactamente lo contrario que lo que declaró ante los investigadores del instituto armado, para sorpresa del fiscal anticorrupción y del propio tribunal.
Gordillo acusó una repentina amnesia durante el juicio y sostuvo que no recordaba haber presenciado una reunión entre Grau y empresas contratistas como Secopsa, FCC o Lubasa, todas ellas implicadas en la financiación en B de la campaña del PP de València, tal como aseguró en su declaración en 2016.
Preguntado sobre si Alfonso Grau negoció su salario en la empresa Laterne, tal como reconoció en la fase de instrucción, Gordillo se escudó en que se trataba de “una mala interpretación de la redacción” del acta de la UCO que firmó y ratificó después ante el juez instructor. El presidente del tribunal contestó: “La redacción es bastante clara”.
El bandazo radical del testigo causó una indisimulada satisfacción entre las defensas, especialmente en el letrado José Maria Corbín, cuñado de Rita Barberá que ejerce la representación jurídica de María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular y también acusada en la causa. Corbín y su hija, también abogada, además de Alfonso Grau, sonrieron durante gran parte de la declaración de Jesús Gordillo, aunque en ningún momento se mostraron especialmente sorprendidos, a diferencia del resto de la sala.
Y eso que las afirmaciones del testigo fueron especialmente explosivas. Gordillo acusó a la UCO de presionarlo y de transcribir mal sus afirmaciones, además de plantear alguna supuesta “pregunta capciosa o malintencionada”. También adujo que cuando declaró en sede policial se encontraba en pleno proceso de divorcio, medicado y aquejado de depresión.
El antiguo asesor de Grau también dijo que un misterioso hombre supuestamente lo amenazó por la calle enseñándole una foto de sus hijos y le obligó a aportar una ingente cantidad de documentación a la prensa. Gordillo se plantó en la redacción de un medio digital en València, desgranó a dos periodistas la documentación (relativa al entramado de Laterne) y se llevó una copia escaneada en un lápiz de memoria. El diario entregó la documentación a la Fiscalía Anticorrupción.
En el juicio, por el contrario, aseguró haber pedido una copia de la documentación a la periodista, presente en la sala, sin obtener respuesta. La versión de Gordillo, según Valencia Plaza, es manifiestamente falsa. La fabulación del testigo en ese punto de su declaración fue de tal calibre que el magistrado que preside el tribunal le recordó la definición del falso testimonio. Ante una de las innumerables contradicciones entre su versión en la fase de instrucción y su nueva historia en el juicio, el magistrado le preguntó: “¿Por qué dijo A y hoy dice B?”.
“No lo sé”, respondió a la pregunta del fiscal anticorrupción sobre la identidad del supuesto hombre que lo amenazó. Sólo atinó a decir que el misterioso encuentro se produjo, supuestamente, en una “calle poco transitada” y, para más datos, “un poco exótica”. Nunca denunció las supuestas amenazas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni las comunicó al juez instructor, ante quien ratificó sus declaraciones en sede policial. “Toda la declaración es contradictoria”, concluyó el fiscal anticorrupción a modo de resumen.
En antecedente del 'yonqui del dinero'
El nuevo argumentario interpretado en la sala fue calcado en muchos aspectos al de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', cuando protagonizó un bandazo similar al de Gordillo en el 'caso Taula' y acusó a la UCO de haberlo manipulado. Con la diferencia de que Benavent ostenta la condición de acusado y, por tanto, tiene derecho a mentir, mientras que Gordillo es testigo, y debe decir la verdad, con la posibilidad incluso de deducirse falso testimonio (con penas de seis meses a dos años de prisión). Algo que no ocurrió tras su declaración en el juicio, pese a las reiteradas advertencias del presidente del tribunal.
Si el cambio del 'yonqui del dinero' en el 'caso Taula' beneficiaba, de rebote, al 'caso Erial', en el que Eduardo Zaplana es el principal acusado, la jugada de Gordillo afecta directamente al 'caso Azud', en el que Corbín es uno de los principales investigados.
De hecho, una de las defensas pidió, hace meses, que Jesús Gordillo volviera a declarar en 'Azud'. La jueza instructora rechazó esa posibilidad aduciendo que son causas diferentes. “Las declaraciones que este testigo hubiera prestado en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción número 18 [encargado del 'caso Taula'] lo serán en relación a los delitos que allí se investigan que nada tienen que ver con los que se siguen en este procedimiento”, afirmó la instructora. Más allá de que ambos casos tienen el trasfondo de la presunta corrupción durante la era de Rita Barberá.
En su declaración ante la UCO, el 20 de octubre de 2017 (cuando las pesquisas del 'caso Azud' permanecían secretas), Gordillo afirmó que Grau aseguró “enfadado” que el despacho de Corbín pasó de estar al borde de la quiebra a disfrutar “sin motivo” de un “volumen elevado de trabajo”.
El testigo afirmó ante los investigadores que creía que ese enfado del entonces vicealcalde “pudo estar motivado” por las “indicaciones” de Rita Barberá para que “hablara con alguna empresa adjudicataria de algún concurso, para que contratara al despacho Corbín Abogados SL”.
Tras abandonar la sala del juicio, Gordillo aseguró a preguntas de elDiario.es que simplemente pretende olvidar su participación en el 'caso Taula'. También definió su repentino cambio de versión como simples “aclaraciones” respecto a “malentendidos” y lamentó que nunca tuvo acceso a la transcripción de su declaración como testigo ante la UCO. Todo ello a pesar de que sus revelaciones fueron ampliamente publicadas por toda la prensa valenciana y de que declaró en una comisión de investigación en el Ayuntamiento de València.
La nueva vida de Gordillo
El hombre siempre estuvo a caballo entre la empresa privada y el PP. De hecho, la política no es ajena a su familia. Uno de sus hermanos, arquitecto de profesión, fue candidato en Valencia durante las elecciones municipales de 1991 por el Centro Democrático y Social (CDS). Más recientemente, otro hermano suyo fue candidato de Vox en Ontinyent en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.
Jesús Gordillo ocupa actualmente un puesto de funcionario, en calidad de Técnico de Administración Especial, en el servicio económico presupuestario del Ayuntamiento de València, gobernado por la popular María José Catalá. El testigo arrepentido también se embarcó en negocios privados tras haber sido un testigo clave de 'Taula' y 'Azud'. Gordillo figura desde 2019 como administrador único de la empresa Lucinala SL, dedicada al comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados y aún activa, según los datos que constan en el Registro Mercantil.
En Valedana SL, otra empresa dedicada al mismo negociado, fue administrador único hasta 2020. También fue propietario de World Management Business SL, una firma dedicada al comercio al por mayor de cueros y pieles, actualmente extinguida. Gordillo fue además secretario de Bulevar del Arte y la Cultura SA y de Bort Cultural SL, dos firmas propiedad, entre otras, de la empresa Cyes, investigada en varias causas relativas a la financiación del PP y adjudicataria de la construcción y gestión del espacio cultural La Rambleta. El juez del 'caso Taula' investigó el contrato de concesión de la obra de La Rambleta por parte del consistorio que gobernaba Rita Barberá hasta que archivó esa rama de las pesquisas.
El papel de Jesús Gordillo como testigo clave en el 'caso Taula' fue un incómodo bache en su trayectoria. Al finalizar su declaración en el juicio, Gordillo pidió al tribunal un justificante, abandonó la sala, se puso unas gafas de sol y salió de la Ciudad de la Justicia.