Hay momentos en la historia de las ciudades en los que algunas decisiones estratégicas determinan su futuro durante generaciones. En el caso de la ciudad de Valencia y su extensa región metropolitana este es uno de ellos a propósito de decisiones inminentes sobre la ampliación de su puerto que, en caso de producirse, sin duda tendrá un profundo impacto, irreversible, y muy serias implicaciones no solamente económicas, sociales y ambientales, sino que condicionará para siempre el modelo de ciudad y el modelo productivo de la ciudad y su área metropolitana.
La noticia de agencia, escueta, descriptiva, sin atisbo de crítica o cuestionamiento alguno, ha sido reproducida por distintos medios: una gran empresa propone una inversión de más de 1.011,42 millones de euros para la construcción y explotación de la nueva terminal de la ampliación norte del Puerto de Valencia. Esta inversión privada es la recogida en la documentación técnica y económica abierta el jueves 30 de mayo en público en sede de la Autoridad Portuaria de València (APV,) para la concesión administrativa de la que será la cuarta terminal de contenedores del puerto valenciano. La propuesta prevé la realización y gestión de la totalidad de la terminal de la ampliación norte del Puerto de Valencia con la siguiente. Concluye la nota que una comisión técnica dictaminará acerca de la propuesta.
No deja de sorprender que una decisión estratégica de este calado, apenas suscite el amplio debate que a mi juicio merece. El Puerto decide a espaldas de la ciudad. O al menos de sus ciudadanos. Ya es llamativo que esta cuestión, a mi juicio uno de los temas más relevantes que marcarán el futuro de la relación ciudad-puerto no haya formado parte del debate electoral con la relevancia que merecía. Y más llamativo aún que días después de celebradas las elecciones el proceso de nuevo se acelere en la dirección previamente determinada (obstinación de ampliar a toda costa) por un reducido grupo de actores políticos, económicos y sociales hasta el punto de que, en lo fundamental, la decisión de ampliación bien pudiera quedar concluida en el próximo mes de julio si nadie decide modificar el rumbo.
En una democracia avanzada, como aspiramos a ser, este tipo de decisiones se toman de otra manera, se escucha a todos los actores concernidos, en especial a aquellos que tienen menos poder y capacidad de presión y de “captura” de instituciones y del regulador, y vienen precedidas de amplios debates públicos con la voluntad de tejer amplios consensos. En cambio, en el caso que nos ocupa, la decisión de aprobar una gran ampliación del puerto hacia el norte (que prácticamente duplicará su capacidad) este debate no se ha producido. Todas las decisiones se adoptan en el marco de la más estricta legalidad. Hay recursos económicos, públicos y privados, para acometerla (valga el dato, a modo de ejemplo, de que el Puerto de Valencia puede asumir un compromiso de inversión de 800 millones de euros y devolverlo en diez años). Y es seguro que existen poderosas y justificadas razones para esta ampliación que merecen ser escuchadas y, en su caso, atendidas. Pero esta no es la cuestión. La cuestión que aquí se plantea remite a las formas en las que tales decisiones se adoptan. Esto es, un consejo de administración reducido no debiera aprobar una decisión de esta trascendencia, de consecuencias irreversibles, sin venir precedida de mayor trasparencia y explicación acerca de las implicaciones que se derivan en un futuro inmediato.
Decía no hace mucho en Valencia el profesor Daniel Kaufman que la buena gobernanza es mucho más que la ausencia de escándalos. Dijo también que en España se desperdiciaban muchos recursos por falta de trasparencia y control. Este es el caso. La buena gobernanza, y mucho más en Estados compuestos y muy complejos como el español, obligan a hacer uso de todos los dispositivos institucionales existentes para dar un sentido más profundo al significado de buena gobernanza y de calidad de nuestra democracia. La diferencia entre un Estado clientelar donde persisten la arbitrariedad, la opacidad, la irresponsabilidad y la falta de evaluación de políticas públicas y un Estado que dispone de sólidos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y que es respetuoso con principios, directivas y normativas sobre sostenibilidad ambiental, movilidad, contaminación, congestión, siniestralidad, calidad territorial, además de las cifras de creación de empleos, se mide en situaciones y en decisiones de este tipo.
España es un Estado social y democrático de derecho con muchísimas luces pero con muy significativas sombras en el ámbito de la gobernanza. Ocupa un lugar más abajo del que le corresponde. Si queremos realmente dejar de ser calificado como un Estado en el que persisten marcados déficit de calidad institucional y gobernanza de mala calidad tendremos que demostrarlo. En especial en ámbitos relacionados con la inversión pública y el uso eficiente y sostenible de recursos. Y en este punto precisamente el diseño y las capacidades atribuidas legalmente a Puertos del Estado son una asignatura pendiente.
No es en absoluto una cuestión que pueda ser dictaminada por una comisión técnica, por lo demás integrada por profesionales competentes, sino que antes habría que dar respuesta a muchas preguntas: ¿A quién beneficia esta decisión? ¿Existen soluciones pensadas para canalizar un tráfico de camiones que pasará de unos 6.000 diarios a casi 12.000? ¿Se habilitará un acceso Norte? Si es así ¿De qué tipo? ¿Túnel submarino? ¿Túnel subterráneo por la ciudad? ¿Otra opción? ¿Existe la intención de comunicar la decisión del acceso Norte una vez que la ampliación ya sea irreversible aunque ya esté decidido? ¿Quién ha ponderado las consecuencias devastadoras para la ciudad de un accidente dado que se transportan mercancías peligrosas? ¿Existen informes solventes que hayan hecho una exhaustiva evaluación ambiental estratégica de esta ampliación? ¿Los distintos responsables de los tres niveles de gobierno (ministerio de Fomento, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia) están de acuerdo? ¿Los miembros que integran el consejo de administración apoyan de forma unánime esta decisión de la ampliación Norte? Si no es así ¿Cuál es su posición? ¿La han expresado en reuniones del consejo con anterioridad? ¿Se han considerado todas las opciones, incluida la de no impulsar la ampliación y trasladar la capacidad a Parc Sagunt? ¿Se ha valorado por parte del consejo otras opciones como las que ahora se impulsan en distintos puertos del mundo apostando por un verdadero cambio de modelo productivo? ¿La comisión Puerto-ciudad conoce esta decisión y sus implicaciones y está de acuerdo? ¿Alguien ha pensado en abrir un debate ciudadano sobre esta decisión antes de entrar en una fase irreversible? ¿Para cuándo una revisión completa de la legislación sobre puertos de Estado en la línea de la que ahora impulsan otros países?
Que los ciudadanos tengan información transparente sobre estas preguntas y otras muchas antes de comunicar en una nota de agencia una decisión de este tipo es lo que diferencia a un Estado social y democrático de derecho de baja calidad de una democracia plena. Invito modestamente a que los responsables concernidos se pronuncien y expliquen a los ciudadanos el motivo de su decisión. Y si las cosas siguen como hasta ahora al menos nadie podrá decir que algunos de nosotros no advertimos de que las cosas se hubieran podido haber hecho de otra forma.
Joan Romero, Cátedra de Geografía Humana de la Universitat de València.