El juez instructor del 'caso Taula' ha abierto juicio oral a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', a Vicente Burgos, el gerente de la fundación pública que lo enchufó, y a tres empresarios que pagaron supuestas comisiones a la trama. En un auto del pasado 8 de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València envía al banquillo a los cinco procesados en el marco de la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a las mordidas repartidas por los contratos adjudicados por el área de Cultura del Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá al frente del consistorio.
La resolución requiere a Marcos Benavent y a Vicente Burgos una fianza, por importe de 219.000 euros, a prestar en un plazo de 24 horas. Se trata del cuarto juicio de la marcocausa al que se enfrenta el 'yonqui del dinero' tras su condena en las piezas J (casi ocho años de cárcel) y B (cinco años) y su absolución en la D.
En la pieza E, el Ayuntamiento de València figura como acusación particular. El fiscal anticorrupción, tal como ha informado elDiario.es, solicita seis años de prisión para Benavent por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. A Burgos le pide cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación. Para los empresarios Carlos Vicent Gil, Carlos Turró y Enrique Aleixandre, el Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión por un presunto delito de cohecho.
El fiscal Pablo Ponce considera que Benavent se dedicaba “a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos”, a cambio de un “porcentaje variable” que se repartía en metálico con María José Alcón, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de València durante los mandatos de Rita Barberá y ex esposa de Vicente Burgos.
Benavent, 'zombi' y recaudador de mordidas
La pieza separada E del 'caso Taula' engloba las presuntas comisiones de los contratos adjudicados fraudulentamente por el Ayuntamiento de València y la contratación, a modo de 'zombi', de Marcos Benavent, en la Fundación Jaume II El Just, cuyo gerente era Vicente Burgos. De la fundación pública, que cerró con un agujero de más de 13 millones de euros, el 'yonqui del dinero' cobró 164.676 euros, a pesar de que en realidad trabajaba para el PP.
Anticorrupción concluye que los contratos municipales estaban amañados. El empresario Carlos Turró entregó 20.000 euros en metálico a Benavent, Carlos Vicent Gil 9.000 euros, y Enrique Aleixandre una “cantidad no determinada”, además de un vehículo. El 'yonqui del dinero', según la acusación pública, ejerció una labor de “mediación y recaudación” de las mordidas abonadas por los empresarios adjudicatarios.