El Juzgado de Instrucción número 13 de València ha dejado en libertad a dos de los empresarios detenidos en el marco del conocido como caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística. Se trata de Mónica Montoro y de Joaquín Pastor.
Así lo acordó este martes la jueza tras haber desaparecido el riesgo de destrucción de pruebas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. A los empresarios se les ha impuesto otras medidas cautelares como comparecencias periódicas en sede judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En total, el juzgado ordenó el ingreso en la cárcel de cinco de los arrestados en este procedimiento al apreciar riesgo de destrucción de pruebas: el exvicealcalde de València con el PP Alfonso Grau, Mónica Montoro, Joaquín Pastor, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia Rafael Rubio y el empresario Jaime Febrer. Actualmente se ha dejado a dos de ellos en libertad.
En esta causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.
Se trata de la segunda fase de la operación Azud, en la que fue detenido Grau, Rubio y otras 12 personas más. Rubio (PSPV), quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000.
A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.
Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel --una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)-- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.
Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado en Ibiza.
Además, los agentes de la UCO detuvieron a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau; la exalcaldesa de Xixona; y un exconcejal de Xixona.
Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado.
En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.