Emilio Bascuñana, exalcalde popular de Orihuela (Alicante), está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Orihuela, según ha adelantado el diario Información, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el exprimer edil, procesado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos tras haber cobrado de la Conselleria de Sanitat presuntamente sin haber acudido a trabajar. La resolución, del pasado 26 de octubre, pide para el exalcalde una fianza de 141.031 euros para hacer frente a la posible responsabilidad civil.
La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión, seis años de inhabilitación absoluta y otros cinco años y medio más para desempeñar cargo o empleo público en organismos dependientes de la Generalitat Valenciana.
El alcalde de Orihuela, tal como desveló este periódico, estuvo seis años cobrando de asesor sin acudir a su puesto de trabajo en la dirección territorial de la Conselleria de Sanitat en Alicante (entre 2008 y 2014). La Fiscalía de Alicante concluyó que Bascuñana cometió un presunto delito de apropiación indebida, tras evaluar los informes internos de Sanidad que confirmaron que el alcalde del PP fue un asesor zombi.
La imputación en la causa le costó el puesto de primer edil tras una moción de censura, en abril del 2022, en la que sus socios de Ciudadanos entregaron su cabeza.
Anticorrupción considera que Bascuñana “se enriqueció injustamente con cargo al erario público al recibir el importe de las retribuciones que le eran entregadas mensualmente por las supuestas actividades que realizaba, cantidades que fueron distraídas de su legítima finalidad al no ser aplicadas a ningún fin público”.
En la causa figura un informe pericial encargado a la Agencia Valenciana Antifraude que concluye que el exalcalde popular permaneció seis años cobrando como asesor de la dirección territorial de la Conselleria de Sanitat en Alicante sin acudir a trabajar. Todo ello, mientras mantenía la propiedad de una clínica privada.
Antifraude, en funciones de auxilio judicial, coincide con los informes internos de la Conselleria de Sanitat que señalaban que no queda rastro alguno del supuesto trabajo de asesoría de Bascuñana.